EFEBogotá

La Fiscalía de Colombia abrió hoy una investigación para esclarecer los supuestos seguimientos y escuchas ilegales denunciados por la periodista Vicky Dávila, que actualmente dirige los informativos de la mañana de la emisora de radio La F.M.

"Fiscalía abrió investigación por seguimientos e interceptaciones ilegales a periodista Vicky Dávila", anunció la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

El ente recordó en otros mensajes publicados en la red social que los periodistas "son objeto de especial protección constitucional" y que las amenazas en su contra por su labor "constituyen por sí mismas una afectación contra el sistema democrático".

Según explicó el fiscal general, Eduardo Montealegre, en declaraciones reproducidas por medios, la investigación se abre a raíz de una denuncia de Dávila en la que "se ponen en evidencia hechos muy concretos" que muestran que tanto la periodista como su familia y equipo de trabajo "han sido víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas".

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que esas amenazas y escuchas ilegales "pueden guardar relación con una serie de notas y denuncias periodísticas que involucran presuntas irregularidades dentro de la Policía Nacional", agregó Montealegre.

Asimismo, subrayó que "no se descarta la posibilidad de citar a altos oficiales de la Policía Nacional para rendir declaración" por estos hechos.

Esta diligencia trae a la memoria del país el escándalo de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores y magistrados ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008, durante la segunda Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

La Justicia ha determinado que aquellas escuchas ilegales, que en algunos casos incluyeron seguimientos, fueron realizados desde los servicios de inteligencia de la época, el hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Su entonces jefa, María del Pilar Hurtado, fue condenada el pasado abril a 14 años de prisión por estos hechos, que afectaron entre otros al actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al periodista Daniel Coronell, ahora vicepresidente y director de noticias de la cadena Univisión.

Junto con Hurtado fue sentenciado a ocho años de prisión bajo arresto domiciliario Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia de la República durante parte del Gobierno de Uribe, a quien la Corte Suprema pidió investigar para determinar si conocía tales acciones delictivas.