EFELa Paz

Detenciones y acusaciones que surgen o se retiran, procesos que se abren o cierran, que se agilizan o paralizan según el cambio de Gobierno, parecen ser la tónica de una muy cuestionada Justicia boliviana, al margen de otros males crónicos como las demoras procesales y el hacinamiento carcelario.

Las denuncias de persecución política e injerencias gubernamentales en la Justicia son un tema de siempre en Bolivia, aunque los denunciantes varían según quien se encuentra en el poder.

Los casi 14 años de Gobierno del expresidente Evo Morales no fueron la excepción, pues sus detractores llegaron a contar hasta 1.300 casos de lo que consideraron perseguidos y exiliados políticos por diversas causas abiertas por el entonces Ejecutivo.

La Justicia también quedó en la mira por los dos polémicos fallos del Tribunal Constitucional que le permitieron a Morales volver a presentarse a la reelección en 2014 y 2019, pese a que la Constitución que él mismo promulgó en 2009 establece sólo dos mandatos consecutivos.

IDAS Y VUELTAS

El viraje judicial quedó en evidencia en el último año, cuando la crisis social y política posterior a los fallidos comicios de 2019 derivó en la renuncia de Morales y la llegada al poder de un Gobierno transitorio encabezado por la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, con el aval del Constitucional.

Apenas transcurridas algunas horas tras la dimisión de Morales, que alegó ser víctima de un supuesto golpe de Estado, empezaron las detenciones de los entonces vocales electorales dentro de las investigaciones por el presunto fraude a favor del exgobernante, que había sido declarado vencedor de aquellos comicios.

Previamente, el Ministerio Público anunciaba acciones legales contra aquellas autoridades electorales después de conocerse un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hablaba de "graves" irregularidades en los comicios.

Luego surgieron las denuncias contra Morales y varios de sus excolaboradores, órdenes de aprehensión, detenciones concretadas e investigaciones por diversas causas, con la correspondiente queja de los aludidos de una persecución política.

A la par, cesaron las detenciones preventivas o causas abiertas contra varios opositores considerados presos políticos del Gobierno de Morales, entre ellos el exgobernador de la región amazónica de Pando Leopoldo Fernández y el dirigente cocalero Franklin Gutiérrez.

Un nuevo giro se produjo días después de confirmarse el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales en los comicios generales del pasado 18 de octubre, pues se retiraron progresivamente las órdenes de aprehensión contra el exmandatario y sus excolaboradores.

También se suavizaron las medidas cautelares contra los exvocales electorales, cuya libertad fue reclamada por el propio Morales a su retorno a Bolivia el pasado 9 de noviembre, tras un año fuera del país.

El diario Página Siete de La Paz contabiliza en 13 los exfuncionarios del Gobierno de Morales beneficiadas en el último mes con acciones judiciales, mientras que se han reactivado procesos contra opositores como Franklin Gutiérrez y el político aimara Rafael 'el Tata' Quispe, o se abrieron otros nuevos contra excolaboradores de Áñez.

LA LEY DEL MÁS FUERTE

En declaraciones a Efe, la abogada Erika Rivera lamentó la falta de independencia del órgano judicial, con "giros en torno a los contextos de la política boliviana" que no garantizan el Estado de Derecho, ni la credibilidad del Poder Judicial.

"La sensación en la ciudadanía es de que no existe justicia porque la balanza no es neutral como debería ser, sino que tiene inclinaciones de acuerdo a las orientaciones políticas o a los actores en un determinado escenario", sostuvo.

Esta "supeditación" muestra una "falta de ética" que llega a socavar el fortalecimiento del Estado boliviano como tal, agregó.

Para Rivera, una subordinación al poder político es lamentable, pues los ciudadanos se sienten "desamparados, porque si no funciona este sistema judicial", es como estar en un escenario donde se impone "la ley del más fuerte" y no así "la razón ni la justicia".

Aunque la problemática no es nueva, Rivera consideró importante abordarla, porque mientras exista, las instituciones serán débiles y no se podrá profundizar la democracia.

CRÍTICAS Y PROPUESTAS

El nuevo Gobierno del MAS liderado por Luis Arce ha sostenido que debe cesar la persecución política y prometió que habrá independencia judicial.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró hace unos días que el trabajo que se haga con el órgano judicial desde el Ejecutivo será para mejorar la administración de justicia.

Para ello, propuso cinco ejes que incluyen una reforma constitucional para "garantizar la carrera judicial" y una ley que garantice procesos independientes para seleccionar jueces.

La principal fuerza opositora en el Legislativo, Comunidad Ciudadana (CC), ha criticado que la Justicia y la Fiscalía estén actuando últimamente de forma "selectiva" y con una "velocidad supersónica" para favorecer a exfuncionarios de Morales y procesar a sus detractores.

El diputado de CC Carlos Alarcón también consideró necesaria una reforma constitucional para designar a los jueces de los principales tribunales del país.

A juicio de Rivera, para que haya un verdadero cambio no basta con una reforma legal, sino que se la debería acompañar con una educativa para tener profesionales altamente cualificados y también con una planificación laboral que analice cuántos abogados se requieren en las instituciones públicas y privadas.

Gina Baldivieso