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La oposición venezolana, mayoritaria en el Parlamento, aprobó este martes denunciar al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI) por "estigmatizar" a los migrantes retornados, a los que consideró "bioterroristas".

La decisión se adoptó en una sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN), si bien estas reuniones parlamentarias a las que acude la mayor parte de los diputados electos, que son partidarios de la oposición, han sido consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez es rechazado por los detractores del chavismo como "brazo jurídico de la dictadura".

Según datos oficiales, de los casi 5 millones de migrantes venezolanos que, según la ONU, han abandonado el país en los últimos años ante la crisis social y económica que atraviesa, cerca de 71.000 han retornado desde el comienzo de la pandemia por COVID-19.

"ESTIGMATIZACIÓN NEFASTA"

El proyecto hoy aprobado fue propuesto por el diputado Marco Quiñones, quien alertó de que "el régimen de Nicolás Maduro" ha desatado una campaña de "estigmatización nefasta" contra quienes ha regresado al país durante la pandemia.

Como parte de dicha campaña, según subrayó, en el Gobierno han catalogado a los retornados como "armas biológicas", para, en su opinión, "tratar de buscar un culpable por el aumento de las cifras del virus en el país".

Por su parte, el comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, aseveró que en Venezuela se está vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos de regresar a su país de origen.

Coincidió con el diputado en que hay una "política sistemática y generalizada por parte del régimen de Nicolás Maduro de estigmatizar y criminalizar a los venezolanos que quieren regresar a Venezuela como 'bioterroristas'".

DENUNCIAN PRESENCIA DEL ELN EN VENEZUELA

Durante la sesión, también debatieron acerca de un vídeo difundido por el diario colombiano El Tiempo, en el que se puede ver a uno de los líderes del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), identificado con el alias de "Edward", jurando lealtad a Maduro.

La oposición parlamentaria calificó ese vídeo como "una amenaza a la estabilidad, paz y seguridad interna de los venezolanos y la seguridad externa de las naciones democráticas".

Condenaron esa afirmación que, consideran, corrobora las denuncias sobre intromisión en la soberanía de Venezuela por grupos armados que -indican- han recibido amparo del Gobierno de Maduro.

Por su parte, el diputado José Antonio Mendoza indicó que el juramento difundido por el rotativo colombiano certifica la relación entre Maduro "y grupos terroristas".

COMISIONADO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD

Finalmente, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, designó al legislador José Manuel Olivares como comisionado para la salud y atención sanitaria a los migrantes.

Olivares, médico de profesión, reside en Colombia y se encargará de ofrecer un parte sobre la situación de la pandemia en el país, buscará donaciones de particulares para atender el COVID-19 y la crisis sanitaria en Venezuela.

También se encargará de coordinar con los Gobiernos de la región la atención de contagiados, así como garantizar que la ayuda llegue y se ejecute en venezolanos, entre otras atribuciones.

Guaidó, presidente de la AN al que el TSJ no reconoce como tal, pero sí 100 de los diputados del Parlamento, sostuvo durante la sesión, que Venezuela atraviesa "la peor etapa de la pandemia".

"Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis", concluyó.

Según cifras difundidas por el Gobierno de Maduro, 116 personas han muerto por COVID-19 en Venezuela y 12.334 se han contagiado. Sin embargo, Olivares aseguró que la cifra real de fallecidos es de 205.