EFESan Salvador

La pandemia de la COVID-19 elevó la "resistencia" a la transparencia por parte Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que ya separó a un funcionario por supuestas prácticas de corrupción en la compra de equipo de protección y enfrenta más señalamientos, dijo a Efe el experto en temas de transparencia Eduardo Escobar.

Bukele llegó al poder en junio de 2019 tras vencer en las elecciones a los partidos que habían gobernado los últimos 30 años y con la lucha contra la corrupción como su principal estandarte.

El despido de familiares de miembros reconocidos del anterior partido oficial, la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue una de sus primeras ordenes.

No obstante, para Escobar desde antes de la crisis de la COVID-19, que permitió la movilización de fondos sin los controles acostumbrados, el Ejecutivo dejaba ver alguna resistencia a la transparencia.

"Antes de la crisis por la COVID-19 ya habían algunas señales preocupantes y algunos casos emblemáticos de parte del Gobierno a no entregar información y que nos estaban revelando algunos indicios de no estar a favor de la transparencia", apuntó el director ejecutivo la organización Acción Ciudadana.

Entre dichas "señales" citó la falta de información sobre un polémico viaje del jefe de las prisiones, Osiris Luna, a México, el bloqueo de una diligencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los archivo de la Fuerza Armada y la negativa de entregar un informe sobre la salud del mandatario.

Estos, apuntó Escobar, son "casos en los que se muestra resistencia del Ejecutivo a entregar información, obviamente es información delicada".

EL COVID-19 Y LA TRANSPARENCIA

"Con la pandemia, este comportamiento de la Presidencia tomó otra dimensión y se vio incrementado", sostuvo y añadió que esto no ocurre únicamente con información solicitada por ciudadanos, sino que también con datos de "transparencia activa".

Mencionó como ejemplo los datos de la disposición de camas en los hospitales, de lo que considera "no hay claridad", lo que "nos lleva a no conocer el grado de ocupación de camas en el sistema de salud público" y "si en realidad está al borde del colapso".

"La falta de transparencia tiene una finalidad de ocultamiento de información porque probablemente haya algunos aspectos irregulares en el manejo de los fondos", sostuvo Escobar.

Dijo que los mecanismos de entrega de un bono gubernamental de 300 dólares entregados a finales de marzo pasado y la repartición de paquetes con alimentos "fácilmente se pueden vulnerar y puede significar desviar fondos públicos para otras finalidades".

La falta de información precisa sobre el sistema de salud, de acuerdo con Escobar, puede ser utilizado por el Gobierno para presionar a la oposición en el Congreso para la liberación de más fondos.

SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN

Tras el final de la cuarentena domiciliar de 85 días y el comienzo de la reactivación económica, una publicación periodística supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo tras revelar una supuesta compra irregular de artículos de protección facial a una empresa de un funcionario.

Se trataba del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, quien fue destituido tras la publicación y varios días de silencio oficial sobre el asunto.

"En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar, como presidente del Fonaes", publicó Bukele en su cuenta de Twitter el 20 de junio pasado.

Esta se convirtió en la primera destitución relacionada con posibles actos de corrupción del Gobierno de Bukele, que llegó al poder el 1 de junio de 2019.

Según el medio Salud con Lupa, el Ministerio de Salud le compró a una empresa de Aguilar caretas de protección por 250.000 dólares con un sobreprecio del 121 %.

El Diario de Hoy publicó el lunes, en su portal elsalvador.com, que dos supuestos socios del viceministros de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Zelaya.

El medio señaló que el Ministerio de Salud le compró 300.000 máscaras a la empresa SYGM Asesores, S.A. de C.V. por 750.000 dólares, también con sobreprecio.

Zeleya fue denunciado el 23 de junio ante el Tribunal de Ética Gubernamental por miembros del partido político Nuestro Tiempo.

"Ante indicios de corrupción, seguiremos denunciando para sentar precedente: hacer negocios personales a costa de los salvadoreños es imperdonable", publicó Aida Betancourt, del referido partido.

El Salvador se encuentra en la etapa de contagios masivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 5.336 casos confirmados, de los que 2.094 se mantienen activos, 3.116 pacientes recuperados y 126 personas fallecidas.

Hugo Sánchez