EFEGuatemala

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala denunció hoy a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal del país- por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad.

Los magistrados denunciados por la Procuraduría, la entidad que aboga por el Estado guatemalteco, son José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, quienes presuntamente dictaron resoluciones "que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales", sostuvo la entidad en un comunicado.

El procurador, Jorge Luis Donado Vivar, le indicó a Efe que ha habido "una serie de resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad, por parte de los tres magistrados mencionados, que rayan en la arbitrariedad y en la ilegalidad".

Aseguró que el planteamiento del antejuicio, entregado esta tarde ante la Corte Suprema de Justicia, se encuentra "dentro de lo que la ley nos faculta y es en defensa de los intereses del Estado".

El Supremo deberá determinar si la solicitud de antejuicio es viable y, de serlo así, pasará al Congreso -con una mayoría aliada al oficialismo- para que decida si se retira la inmunidad de los magistrados o no.

Donado afirmó que el Constitucional "se ha extralimitado en sus funciones, ha coartado de alguna forma el ejercicio en función del presidente, Jimmy Morales, y ha pretendido legislar en algunos casos en los que no le corresponde", aunque reconoció que, como Procuraduría "estamos conscientes de la función de la Corte de Constitucionalidad".

Añadió que la denuncia "no tiene que ver con el tema de las visas", en el que el alto tribunal ordenó a la Cancillería a renovar las visas de 11 funcionarios internacionales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que fueron obligados por la cartera de Exteriores a devolver sus credenciales diplomáticas, pues eso sería "precipitado".

Cuestionado acerca de si el mandatario le ordenó presentar la denuncia contra los magistrados, Donado afirmó que si bien "el presidente en términos generales ordena que el procurador -cualquiera que sea- vele por los intereses del Estado, no fue así", no fue algo que le pidiera Morales.

La denuncia y decisión de proceder contra Porras, Mejía y De Mata tampoco "fue un tema que se tocara dentro del Consejo Nacional de Seguridad", que preside Morales y donde participa el procurador, la Cancillería y los ministerios de Exteriores, Gobernación (Interior) y Defensa.

"Si bien la Procuraduría conforma el Consejo Nacional de Seguridad y dentro del mismo ha sido público que hemos determinado la extralimitación de lo que ha hecho la Cicig, esto (la denuncia a los magistrados) no tiene nada que ver con el Consejo", dijo.

Según explicó la Procuraduría en un comunicado de prensa, tras haber analizado "un conjunto de resoluciones judiciales" del Constitucional, dictámenes que "tienden atribuirse facultades que no les corresponden" pues "coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente", Jimmy Morales.

Las decisiones revisadas también "vulneran principios fundamentales", como "el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso variando las formas de tramitación de las acciones constitucionales de amparo".

El "abogado del Estado" sostuvo que si bien el Constitucional es un "tribunal permanente" que tiene una "función esencial" de defender el orden constitucional, "también es cierto que el actuar de ninguno de ellos -los magistrados- no se encuentra eximida de la responsabilidad penal".

Agregó que, de acuerdo a diversas resoluciones de amparos en los que la misma Procuraduría ha sido parte, "se estima que ciertas resoluciones del Constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco".

Efe consultó al secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Alfredo Brito, si el presidente Morales ordenó al Procurador general de la Nación presentar la denuncia, pero éste pidió que las consultas se hicieran al titular de la Procuraduría.

Además, el tribunal Constitucional no ofreció una postura ante la consulta reiterada sobre la solicitud de antejuicio en contra de tres de sus cinco magistrados titulares.