EFETegucigalpa

La prórroga para que el nuevo Código Penal de Honduras entre en vigor en mayo de 2020, aprobada esta semana por el Parlamento, es una señal de buena voluntad política, pero no suficiente, según varios sectores que consideran que, como está, favorece la corrupción e impunidad que tanto daño le han hecho al país.

El Parlamento hondureño aprobó el 4 de noviembre una ampliación de seis meses de la vacatio legis del Código Penal, que entraría este domingo en vigor, por lo que la normativa será ley hasta el 10 de mayo del próximo año.

La extensión venía siendo solicitada por varios sectores, incluida la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que a finales de octubre entregó al Parlamento su opinión sobre la normativa.

El presidente del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, instó esta semana a los diferentes sectores que se han pronunciado en contra del Código Penal a presentar sus recomendaciones.

"Si lo han criticado a profundidad es que lo han estudiado a profundidad, entonces tienen suficientes elementos para presentárselos a la comisión (del Parlamento)", enfatizó.

UNA BUENA REVISIÓN

La prórroga de la puesta en vigencia del Código Penal, que ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta, "es algo bueno", dijo a Efe el analista hondureño, Raúl Pineda.

Señaló que los diputados deben "aprovechar el tiempo" para realizar "una buena revisada" al nuevo Código Penal, que sustituirá al de 1983.

"El problema no es que haya penas largas o penas cortas, el fin es que se cumplan", enfatizó Pineda, exdiputado del Partido Nacional (en el poder).

Con el nuevo Código Penal, según el analista, el sistema judicial podría "colapsar" ante la poca facultad de los jueces de ejecución para revisar sentencias.

Pineda considera que la normativa fue aprobada por el Parlamento, en mayo pasado, "sin meditar mucho" y tomando como modelo el Código Penal de Europa.

"Es un Código mal hecho porque (no tiene) exposición de motivos y pretende tener en un solo texto todos los tipos penales, eso es lo ideal, pero no es posible", explicó.

BLINDAJE DE CORRUPTOS

El analista destacó la necesidad de hacer "una revisión general" del Código Penal, manteniendo "el espíritu modernista" y los "tipos penales, pero actualizarlo a la realidad" de Honduras.

"Lo correcto sería reformar (el Código Penal) cuando este en vigencia, pero para que poner en vigencia una ley mala, entonces por conveniencia se puede reformar antes de que entre en vigencia", enfatizó.

En su opinión, el Código Penal tal como fue aprobado busca "blindar" a políticos vinculados a actos de corrupción, uno de los flagelos que más daño le ha causado al país centroamericano.

Pineda aseguró que el Código Penal "va a favorecer a mucha gente" y a manera de ejemplo, señaló que una persona condenada a 40 años de prisión, al entrar en vigor la normativa, verá reducida "drásticamente" su pena.

VOLUNTAD POLÍTICA

Sobre la prórroga, el abogado hondureño Carlos Manuel Arévalo dijo a periodistas que debe interpretarse como una muestra de "voluntad política" de los diputados.

Sin embargo, considera que la ampliación de la vacatio legis "no es suficiente", ya que debe haber "homogeneidad y uniformidad" en la aplicación de la ley.

El Código Penal "es muy bueno, pero no puede construir un excelente Código cuando está tocando intereses que van en contra del pueblo, como una ley permisiva para las personas que hurtan el dinero del erario público", enfatizo Arévalo.

Uno de los sectores más críticos del Código Penal ha sido el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización que la semana anterior presentó, antes de la ampliación de la vacatio legis, un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa.

"CÓDIGO PENAL DE LA IMPUNIDAD"

El CNA indicó que "el nuevo Código Penal de la impunidad" tiene "rebajas a penas por delitos en contra de la administración pública que favorece a un grupo selecto de funcionarios y exfuncionarios".

La rebaja de penas en el nuevo Código Penal, según el ente anticorrupción, "es un atentando contra el sistema jurídico y los bienes públicos que son protegidos por la Constitución de la República".

El Código Penal, añade el CNA, convierte a los funcionarios" en ciudadanos superiores a otros, pues esta norma fija reducciones de penas por delitos de corrupción en la administración pública con relación a otros crímenes".

La normativa supone "un riesgo potencial de grave daño" contra el sistema jurídico y los bienes del Estado que protege la Constitución, que data de 1982, enfatizó el Consejo Anticorrupción.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) saludó esta semana la decisión del Parlamento de extender por seis meses más la vacatio legis del nuevo Código Penal.

Expresó además "su disposición de apoyar el proceso de revisión para armonizar el nuevo Código Penal con los estándares internacionales".

Anny Castro