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La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, consideró este jueves que el Gobierno que preside su esposo, el sandinista Daniel Ortega, fue víctima del "odio" con las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que han dejado cientos de muertos.

La también primera dama dijo a través de medios oficiales que hace 22 meses fueron "golpeados por la desgracia del odio" y que su Gobierno sabe "quiénes fueron, los conocemos, los identificamos, no confiamos".

"¿Cómo confiar en los que precisamente mostraron una cara que no habían antes enseñado? Mostraron dientes, uñas, garras, instintos, que no habían mostrado en el corto tiempo en el que creímos en la posibilidad de avanzar juntos", señaló Murillo, en referencia a los empresarios, con los que mantuvieron una alianza de consenso hasta antes de la crisis.

"No hubo alianza que se sostuviera porque precisamente fue parte de la tormenta, de esa tormenta, de ese diluvio que quiso destruirnos", continuó la dignataria.

Murillo dijo que su Gobierno se asombró y se extrañó de ver "la emboscada" que, a su juicio, le tendieron los empresarios junto con los estudiantes y campesinos, y otros sectores sociales.

Observó que 22 meses después de la crisis, hay corazones que aún no sanan, porque "es difícil sanar del odio".

La crisis, indicó Murillo, ha dejado "tanta gente en el desempleo, tantas familias desamparadas por el odio" y muertes, que se la achacó a sus adversarios.

"Nunca, nunca volverá el odio a quitarnos valiosas vidas de nicaragüenses. Nunca volverá la perversidad a azotar nuestros campos o ciudades", señaló.

La vicepresidenta dijo que la crisis "ya pasó y no volverá el pasado" y que el estallido social "fue un corto paréntesis, una emboscada a la buena fe, una emboscada a la confianza".

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, ha rechazado los señalamientos del Gobierno, que los responsabiliza por la crisis.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de "golpe de Estado".

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.