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Al menos 43 organizaciones sociales de Nicaragua anunciaron hoy la "Unidad Nacional Azul y Blanco", que tiene como objetivo "construir" la democracia, que consideran se ha perdido bajo la Presidencia de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

"El objetivo principal de esta Unidad es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Para alcanzarlo, es indispensable la pronta salida del poder de los Ortega-Murillo por las vías democráticas", anunció la nueva organización.

La Unidad está compuesta por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, de género, campesinos, empresarios, entre otros, y está abierta a cualquier otra organización que se sume a sus objetivos, afirmó la fundadora Azahalea Solís.

Los integrantes esperan que la Unidad tenga el mismo efecto de la Unión Nacional Opositora (UNO), que en 1990 sacó a Ortega de la Presidencia por medio de elecciones generales que ganó Violeta Barrios de Chamorro.

El anuncio se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 512 muertos, principalmente en protestas contra Ortega, según organizaciones humanitarias locales y extranjeras, que responsabilizan al presidente por "acciones represivas".

Según los fundadores de la Unidad, "la dictadura de los Ortega Murillo, que ha conducido a Nicaragua por una grave crisis de derechos humanos, violando la Constitución y las leyes, se sostiene únicamente por la violencia y la represión a través de fuerzas oficiales, paramilitares y de choque".

"Han sometido al pueblo a una masacre que a la fecha ha provocado más de 400 personas asesinadas, más de 3.000 heridas, un número indeterminado de desaparecidas, secuestradas, capturadas, torturadas y criminalizadas, y más de 347.000 empleos perdidos", agregaron.

Basados en valores relacionados con el patriotismo, la "lucha cívica", el "compromiso" con la justicia y la democracia, así como el respeto y el consenso para lograr la "libertad", la Unidad demandó el reinicio del diálogo nacional con el Gobierno para superar la crisis.

Dicho diálogo debe "acordar los términos y condiciones de la transición democrática", advirtió la Unidad, que mostró su apoyo a la mediación del Episcopado, con la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU) y Unión Europea, como garantes.

La Unidad también exigió el cese de la represión, la libertad "inmediata" de los "presos políticos", elecciones anticipadas, respeto a las libertades públicas, así como el fin de represalias y acoso a la población que se opone a los Ortega Murillo.

La Unidad se comprometió a buscar justicia ante los "crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo", y cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), para superar la crisis.

También garantizarán que se investigue las desapariciones forzosas y el resarcimiento a las víctimas, el desarme de paramilitares, reestructurar y depurar la Policía Nacional, reintegrar a empleados despedidos por protestar, restablecer la autonomía de las universidades y de la costa Caribe, derogar la ley del canal interoceánico, promover el desarrollo y respetar los derechos de los ciudadanos.

El sábado pasado la policía anunció que asumiría como "ilegal" las protestas contra el Gobierno, que considera está bajo un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron una exigencia de renuncia debido a los centenares de muertos durante las manifestaciones.