EFELa Paz

Dos expresidentes y cuatro líderes de la oposición de Bolivia acusaron hoy al presidente Evo Morales de usar la Justicia para perseguirlos por pensar diferente y anunciaron que trabajarán unidos para denunciar ante organismos internacionales la "situación crítica que vive la democracia boliviana".

Los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador de la región de Santa Cruz (este), Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se expresaron de esta forma en un comunicado conjunto difundido tras una reunión en La Paz.

En el documento, los políticos anuncian que trabajarán "unidos" para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las acciones del Gobierno "que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas" en Bolivia.

"Para conseguirlo, haremos pública toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los once años de gestión de la actual administración y haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana", indica el documento.

Los seis políticos también acusaron al Gobierno de haber "roto los límites de la independencia" entre poderes y de transformar al poder Judicial "en un instrumento de persecución política".

"La mayoría de nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas", señala el comunicado.

La posición fue leída por una portavoz y firmada por los líderes opositores, la mayoría enjuiciados por el Estado por supuestos actos de corrupción de años atrás que ellos consideran que son solo pretextos para perseguirlos.

Los opositores creen que estos procesos buscan inhabilitar sus posibles candidaturas en las próximas elecciones de 2019.

En declaraciones posteriores, el expresidente Quiroga enfatizó que hay "centenares" de casos de opositores que se vieron obligados a salir de Bolivia ante lo que consideró "una criminalización" del hecho de pensar diferente o cuestionar a Morales.

El manifiesto también rechaza la intención del oficialismo de insistir en la nueva postulación de Morales en los comicios de 2019, pese a que un referendo en 2016 ya le negó esa posibilidad.

"Cualquier intento de forzar una nueva postulación del primer mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos", señala la declaración.

Las exautoridades y líderes opositores consideraron, además, que no se puede hablar de un "verdadero funcionamiento democrático en el país" por el "fracaso" del órgano Judicial y opinaron que la próxima elección de altos magistrados prevista para este año será la oportunidad para resolver los problemas en ese poder.

Por ello, plantearon que el Legislativo designe una "comisión independiente" conformada por representantes de la sociedad que evalúe a los postulantes y que esa calificación tenga un "carácter vinculante" en la preselección final que hará el Parlamento.

El tres veces candidato presidencial Doria Medina, que afrontó hasta 16 demandas judiciales a instancias del oficialismo, dijo en su cuenta de Twitter que la reunión es la "primera señal de unidad" para mostrar un compromiso de esos líderes con Bolivia.

Costas declaró que la población quería verlos a "todos juntos" al margen de sus intereses personales o aspiraciones electorales, pero aseguró que esta presentación conjunta no es una "alianza política" sino un posicionamiento ante los problemas del país.

Tras el manifiesto, el Gobierno boliviano replicó con dureza y consideró que los dirigentes opositores se unen por el "miedo" a enfrentar electoralmente a Morales en 2019.

La reacción provino del ministro de la Presidencia, René Martínez, quien tildó en Twitter de "separatistas", "vendepatrias", "golpistas" y "neoliberales" a los seis políticos y aseguró que "la derecha no pasará".

Además, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, declaró a la radio estatal que el documento de los opositores es "inconsistente, desorientador" y que tiene una "intencionalidad política".

Para Siles, los opositores apelan al tema de la Justicia para mantener una "victimización" y considerarse perseguidos políticos, algo, que en su criterio, no está ocurriendo.