EFEWashington

Varios miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron hoy que presentarán un proyecto de resolución para apoyar la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua, como vía para solucionar la grave crisis que vive el país.

El texto del proyecto, impulsado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, fue leído este viernes durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, que se centró en Nicaragua.

La iniciativa pide la reanudación del diálogo nacional y "la apertura del Gobierno de Nicaragua para cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DCOE)".

También establece el envío de invitaciones al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la UE para que "acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad".

El texto condena, además, enérgicamente los actos de violencia y los abusos de los derechos humanos, así como los ataques del pasado día 9 contra el clero de Diriamba y el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo Nacional, "como un intento de intimidar a quienes procuran una solución pacífica y democrática en Nicaragua".

En ese sentido, el proyecto de resolución urge al Ejecutivo del presiente Daniel Ortega y a todas las partes a participar en el diálogo Nacional, "como mecanismo para generar soluciones pacíficas", entre otras medidas.

El proyecto de resolución fue leído en voz alta por la embajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol, quien fue interrumpida en varias ocasiones por la segunda secretaria de la misión de Venezuela, Sara Lambertini, quien protestó por el hecho de que en el orden del día no hubiera aprobado la presentación de ninguna iniciativa, por lo que no era pertinente la lectura del texto.

Tanto Venezuela como Nicaragua se mostraron reacios al inicio de la sesión a la celebración de esta reunión del Consejo Permanente.

De hecho, el canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, indicó que a su país no le parecía procedente que se analizara la situación interna "sin la aquiescencia y sin la aprobación" de su Gobierno.

Durante su intervención Moncada Colindres hizo mención a la detención este miércoles del representante de los campesinos de Nicaragua en el diálogo nacional, Medardo Mairena, quien fue arrestado por la Policía en el Aeropuerto junto a Pedro Mena, según informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Moncada Colindres calificó de "terrorista" a Mairena y le acusó del asesinato de cuatro policías y un maestro en el municipio de Morrito.

Por otro lado, durante su intervención, el canciller reiteró sus llamamientos al respeto "a la dignidad soberana" de Nicaragua y que se le trate en igualdad de condiciones con la comunidad internacional.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en que "lo peor que puede pasar a Nicaragua es seguir muriendo".

En su alocución, Almagro destacó que "en este momento la UNAN, la universidad de Nicaragua (la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) está bajo ataque": "Solicitamos que inmediatamente se detenga este ataque", señaló.

Hace tres días, estudiantes atrincherados en el centro educativo en protesta contra el Gobierno apuntaron que temían ser desalojados a la fuerza por la Policía, después de que las autoridades académicas anunciaran que las clases se reanudarán el próximo lunes.

Almagro subrayó que "el dolor de las personas y familias" deben ser la prioridad de la OEA. "Debemos dedicar todos nuestros esfuerzos para salvar vidas", indicó.

Para ello, "debemos insistir en el camino de la paz y el reencuentro", destacó Almagro, quien abogó por la vía de la negociación para resolver las diferencias y la recuperación de la mesa de diálogo.

Desde abril, Nicaragua es escenario de protestas contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, cuya represión ha causado 351 muertos desde el 18 de abril pasado, según datos de los organismos humanitarios.

Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.