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La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco pidió este miércoles a los ciudadanos de Nicaragua que se unan a la campaña “Navidad sin presos políticos”, para exigir la libertad de más de 160 personas encarceladas en el país centroamericano tras mostrar rechazo al Gobierno del presidente, Daniel Ortega.

“Llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta campaña, que realizaremos de forma digital, pero también con otras acciones en el país, considerando que no son un número o un nombre más en una larga lista, sino que son padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, quienes indudablemente deben estar libres”, indicó la Unidad, en un pronunciamiento.

La mayoría de los denominados “presos políticos” fueron arrestados a raíz de las manifestaciones antigubernamentales de 2018. Diez de ellos ya estaban presos antes de ese año, y un grupo superior a 40 fue capturado en el contexto de las recientes elecciones generales en las que Ortega fue reelegido, incluyendo a siete que habían divulgado sus aspiraciones presidenciales.

Los opositores y los familiares de los “presos políticos” han insistido en la inocencia de estos, con base en la Constitución de Nicaragua, que establece la libertad de pensamiento y de expresión, y por lo cual también los consideran “secuestrados”.

“Iniciamos diciembre elevando la voz por las más de 160 personas que permanecen secuestradas en las cárceles de la dictadura, que sigue cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”, indicó la Unidad Nacional.

Según la organización opositora, “ya son cuatro las navidades que el régimen ha arrebatado a miles de familias la felicidad de disfrutar de sus seres queridos, que sufren prisión ilegal, exilio forzado, desapariciones, y asesinatos extrajudiciales, que siguen en la impunidad”.

Esta es la tercera organización nicaragüense que lanza una campaña similar, tras la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).

Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, considera a los opositores presos como “terroristas”, su Gobierno los acusa de delitos considerados “traición a la patria”, y los ha señalado públicamente de ser unos “hijos de perra” de Estados Unidos.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que inició en 2018 con manifestaciones antigubernamentales que el Gobierno redujo con ataques armados y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos y más de 100.000 exiliados.

La crisis se agravó con la nueva reelección de Ortega, que ha sido rechazada por la mayoría de la comunidad internacional, que la considera “ilegítima”, tras lo cual el Gobierno sandinista ha anunciado el retiro de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA).