EFEGuatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la Fiscalía presentaron hoy una solicitud para desaforar al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por presunta financiación electoral ilícita.

"En gestión penal recibieron hoy dos solicitudes de antejuicio (desafuero), una contra Jimmy Morales", dijo una fuente del Organismo Judicial a Efe, quien agregó que la petición fue interpuesta por la Fiscalía de Delitos Electorales.

De acuerdo con la investigación divulgada por la fiscal general, María Consuelo Porras, el presidente Jimmy Morales, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación, derecha), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.

El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales.

Pero además de esto, las autoridades encontraron que se utilizó dinero que no se reportó al Tribunal Supremo Electoral para el pago de volantes y calendarios de bolsillo de FCN-Nación por medio de "financiamiento electoral ilícito", explicó Porras.

También hay más de 350.000 quetzales (casi 47.000 dólares) recibidos de la "Fundación G", del empresario ya implicado Salvador Paiz, y no declarados, que se utilizaron para "capacitar" a los entonces candidatos del partido, el ahora presidente Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

"De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de 7.920.375 quetzales (más de un millón de dólares) no reportados al Tribunal Supremo Electoral", agregó Porras.

La fiscal, acompañada del titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, enfatizó en que la solicitud de antejuicio (para retirar la inmunidad al mandatario), que tiene que ser avalada por la Corte Suprema de Justicia y luego ser aprobada por 105 de los 158 diputados del Congreso, es para iniciar una investigación.

Esta misma fiscalía ya había presentado el año pasado otra petición de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder, pero quedó estancada en el Congreso al no lograr los votos suficientes.