EFEAsunción

El presidente del Congreso de Paraguay, Blas Llano, presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar el estado de excepción en el departamento de Amambay, donde se encuentra el penal del que el domingo se fugaron 75 presos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

El proyecto del senador, del opositor Partido Liberal, establece la aplicación de esa medida por 45 días y atendiendo a "la grave conmoción interior generada por la fuga masiva de criminales de alta peligrosidad" en ese departamento, fronterizo con Brasil.

Asimismo, el proyecto contempla la potestad del presidente del país de ordenar por decreto la detención de personas "indiciadas" y "su traslado de un punto a otro del territorio nacional".

Llano entregó el proyecto a Arnaldo Franco, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, la autoridad parlamentaria de guardia ante el receso estival, al tiempo que solicitó una reunión extraordinaria para el tratamiento de esa medida.

Asimismo, Llano expresó que corresponde cambiar a la mayor parte de las fuerzas policiales de Amambay, así como a los fiscales y a los responsables de la lucha contra el narcotráfico, según un comunicado del Senado.

Al respecto, el senador Abel González, oriundo de Amambay, destacó en la misma comparecencia ante la prensa que se dio una "inacción de la Policía Nacional" tras la fuga, ocurrida en el penal de Pedro Juan Caballero, la capital departamental.

"No hubo un plan de emergencia y la reacción fue tardía. Ni hubo cierre de frontera (...) el pueblo pedrojuanino está indignado", dijo el senador, citado en el comunicado de la Cámara Alta.

Las autoridades paraguayas investigan la fuga bajo el tipo penal de liberación de presos, ya que se sospecha que recibieron ayuda para abandonar la penitenciaría.

Por el momento, fueron apartados de sus funciones el responsable de la cárcel y más de 30 funcionarios de esa prisión.

Sin embargo, los principales partidos de la oposición amenazaron el martes con poner en marcha un juicio político al presidente del país, Mario Abdo Benítez, y lo emplazaron a dar una respuesta de lo ocurrido.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, reconoció este lunes en una conferencia de prensa que "la corrupción del sistema penitenciario" facilitó la huida de los presos.

Pérez subrayó que tanto policías como militares, así como la Fiscalía, estaban al tanto de la existencia de un plan de fuga o rescate, con una recompensa de 80.000 dólares, del que ella alertó en diciembre, tras recibir informaciones de los servicios de inteligencia penitenciaria.

De los 75 fugados, los agentes policiales han conseguido capturar a seis, cinco de nacionalidad paraguaya y uno brasileño.

Fundado en 1993 durante una rebelión en una cárcel de Sao Paulo, el PCC ha expandido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.