EFEGuatemala

Como un intento de zanjar cualquier polémica, la fiscal general electa María Consuelo Porras Argueta, la tercera mujer consecutiva electa en dirigir el Ministerio Público, aseguró hoy que seguirá trabajando en alianza con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Después de que el presidente Jimmy Morales anunciara, en una nota de prensa, el nombramiento de la actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala como futura fiscal general, Porras Argueta convocó a los medios para dar unas líneas básicas de su plan de trabajo.

Éste se basa en buscar "la armonía y la paz" a través del cumplimiento de la ley con "objetividad" e "igualdad" para todos, y aseveró que para lograr este fin cuenta con trabajar "de la mano de la CICIG" mientras el mandato del ente esté vigente, el cual vence en septiembre de 2019.

Porras Argueta es la tercera mujer electa para el cargo, después de Claudia Paz y Paz (2010) y Thelma Aldana (2014), pero la cuarta en asumir las riendas de la institución, después de que María Encarnación Mejía García de Contreras asumiera el cargo de forma interina en dos ocasiones en 2010 por irregularidades en una elección.

María Consuelo Porras Argueta (Chimaltenango, 23 de agosto de 1953), que sustituirá a Thelma Aldana durante los próximos cuatro años, es una abogada guatemalteca licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad San Carlos (Pública) y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2016-2020.

En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata a fiscal en 2014.

Este año sí resultó electa para el cargo por encima de la subdirectora de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina; o el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Fue el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, el que tomó la decisión dentro de una terna de seis candidatos presentada por una Comisión de Postulación que depuró decenas de expedientes durante dos meses, aunque su elección ha estado rodeada de expectación.

La nueva fiscal es una de las más desconocidas de todos los que aspiraban al cargo, aunque su nombre figura en una investigación en la que se destapaban irregularidades y una red de tráfico de influencias en la elección de magistrados dentro del organismo Judicial.

Supuestamente su expediente fue uno de los evaluados por el magistrado Eddy Orellana Donis, quien desempeñaba "un papel clave" en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por ser uno de los integrantes de la Comisión de Postulación encargada de evaluar los perfiles y seleccionar los candidatos para ostentar la magistratura del país para el periodo 2014-2019.

Varias organizaciones han puesto en duda la imparcialidad del mandatario en esta elección, pues varios de sus familiares y allegados, incluidos él mismo, enfrentan acusaciones y señalamientos por diversos hechos.

En contra de Morales hay dos señalamientos por financiación electoral ilícita cuando era secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), durante la campaña que lo llevó al poder en 2015, mientras que su hijo José Manuel y su hermano Sammy enfrentarán un juicio por un supuesto fraude al Estado en 2013.

Entre otros casos también está el que implica al que fuera una de sus personas cercanas y también diputado del partido oficialista Edgar Ovalle, prófugo de la Justicia por un caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno que por 36 años (1960-1996) se cobró la vida de más de 250.000 personas, entre muertos y desaparecidos.

Por ahora, los sectores del país parecen guardar cautela ante este nombramiento, sobre el que sí se ha posicionado la CICIG, que ha felicitado a Porras Argueta por su nombramiento mostrando su deseo de que puedan seguir trabajando juntos "en el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la cultura de legalidad".