EFEBrasilia

Un juez de la Corte Suprema de Brasil rechazó este miércoles la demanda presentada por el presidente del país, Jair Bolsonaro, en la que acusaba a un magistrado del alto tribunal que lo investiga de un supuesto delito de "abuso de autoridad".

El juez José Antonio Dias Toffoli, uno de los once magistrados del Supremo, negó la petición del líder ultraderechista al considerar que los hechos descritos en la denuncia "no aportan indicios, ni siquiera mínimos, de materialidad delictiva".

La demanda interpuesta por el mandatario era contra Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo conduce un proceso sobre la existencia de "milicias digitales" encargadas de desinformar para minar la democracia y en el cual Bolsonaro y varios de sus aliados figuran como investigados.

El jefe de Estado pidió a la máxima instancia judicial brasileña abrir una investigación a De Moraes, al que acusó de no respetar los principios fundamentales de la Constitución.

Sin embargo, Dias Toffoli consideró en su decisión que los hechos narrados por el gobernante "evidentemente no constituyen delito" y que "no existe causa justa para da seguimiento" a la acción.

Asimismo, dijo que el mero hecho de que De Moraes sea el encargado de la causa sobre noticias falsas que apunta al presidente y sus aliados "no es motivo para concluir que hubiera algún interés específico" de perjudicar a los investigados.

Este episodio se encuadra dentro de las graves tensiones institucionales entre el Poder Judicial y el mandatario, quien también llegó a afirmar que el Supremo actúa en pro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva con miras a los comicios de octubre, en los que Bolsonaro aspirará a la reelección.

El capitán retirado del Ejército, que aparece en segunda posición en los sondeos de intención de voto, por detrás precisamente de Lula, su mayor adversario político, también intentó sin éxito la apertura de un proceso con fines de destitución contra De Moraes en el Senado.

En el marco de ese pulso con el Supremo, Bolsonaro ha insinuado en varios actos públicos que no acatará determinadas decisiones judiciales contrarias a los intereses de su Gobierno.