EFESan José

Seis expresidentes de Costa Rica en un manifiesto enviado este sábado a los ciudadanos mostraron su apoyo al Estado de derecho, las autoridades y la policía, y además expresaron su repudio hacia los actos de violencia de las últimas semanas.

Los presidentes Luis Guillermo Solís (2014-2018), Laura Chinchilla (2010-2014), Óscar Arias (2006-2010 y 1986-1990), Abel Pacheco (2002-2006), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Rafael Ángel Calderón (1990-1994), expresaron que frente a la dificultades que vive el país "debemos todos apoyar nuestra democracia, la institucionalidad republicana y los derechos de toda la ciudadanía".

"Con profunda devoción patriótica expresamos nuestro apoyo incondicional a la constitucionalidad, al estado de derecho, a las autoridades y a la policía que actúa en ejercicio de sus competencias, a las libertades públicas de todos quienes habitamos esta bendita tierra", cita el texto.

La carta añade que: "Las autoridades legítimamente establecidas deben ejercer sus competencias con efectividad y sentido de urgencia, y con vehemencia exhortamos al Gobierno de la República a asumir esa responsabilidad".

Los exmandatarios también hicieron énfasis en los partidos políticos que "deben actuar con altura de miras", a los gremios que "deben privilegiar el bien nacional por encima de sus intereses" y a los que participan de las manifestaciones a hacerlo bajo el "respeto de la legalidad".

"De nuestra actitud patriótica, de nuestra defensa de la institucionalidad que con tanto esfuerzo hemos construido por ya casi 200 años, depende mantener la paz social y vencer los graves obstáculos que enfrentamos", cita el documento.

Además, hicieron un "llamado a todos para que nos sobrepongamos a los dolores que hoy viven tantos hogares y a las frustraciones y el enojo que sentimos ante el cúmulo de adversidades que enfrenta el país".

Costa Rica ha vivido unas semanas violentas, luego de que el pasado 30 de septiembre iniciaran unas protestas en rechazo a la intención del Gobierno de buscar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta de algunos activos estatales.

En medio de las protestas y ante el escaso apoyo político, el 4 de octubre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, retiró la iniciativa y dijo que abriría un proceso de diálogo nacional.

Sin embargo, las protestas continuaron, pues los líderes del movimiento exigían al mandatario firmar un documento en el que se comprometiera a no acudir al FMI en lo que resta de su Gobierno, a no subir impuestos y a no vender activos.

Las protestas, que cesaron desde el pasado miércoles, tuvieron episodios de violencia como enfrentamientos entre manifestantes y policías, y el lanzamiento de piedras y bombas molotov a vehículos policiales que resultaron con serios daños y al menos tres se quemaron por completo.

El Gobierno interpuso el jueves una demanda penal contra los organizadores de las protestas, entre ellos el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, y el exdiputado Célimo Guido, por los presuntos delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión.