EFEGuatemala

El Juzgado A de Mayor Riesgo envió hoy a juicio oral y público a ocho militares retirados por delitos de desaparición forzada y de lesa humanidad ocurridos durante el pasado conflicto armado en Guatemala (1960-1996) y ordenó la inmediata libertad de otros dos.

La presidenta de ese tribunal, Claudette Domínguez, explicó durante la audiencia en la que dio a conocer su fallo, que había admitido de forma parcial la acusación presentada por el Ministerio Público (MP).

Aclaró que tras analizar los 28.828 folios de medios de prueba, a los detenidos no se les acusó de las 535 víctimas encontradas en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz, ya que el MP hizo imputaciones individuales.

Además, explicó durante la lectura de su resolución, para la que se llevó más de 2 horas, que del total sólo 128 víctimas han sido identificadas.

Domínguez resolvió enviar a juicio a ocho militares, encabezados por el exjefe del Estado Mayor General del Ejército y general de Brigada retirado Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

Lucas García, dijo, deberá ser juzgado sólo por la desaparición de tres víctimas, mientras que Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz y Raúl Dehesa Oliva por 2 casos.

Agregó que Carlos Augusto Garavito y José Antonio Vásquez García tendrán que ser juzgados por 4 casos, en tanto que César Cabrera Mejía y Juan Ovalle por 23 víctimas.

Domínguez dijo que "existe la probabilidad de la participación" de los acusados en estos hechos, de acuerdo con los testimonios de familiares y otros medios de prueba entregados durante las audiencias de apertura a juicio.

Ordenó liberar a Ismael Segura Abularach y Gustavo Alonzo Rosales García, debido a la "incongruencia" de la Fiscalía sobre la fecha exacta de la desaparición de Felipe Caal López que se les atribuyó.

La jueza dijo que el caso contra estos dos militares quedaba clausurado de forma provisional.

Anunció que el caso pasa ahora al Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual deberá fijar fecha para el inicio del juicio.

Los diez militares fueron capturados el pasado 6 de enero por su responsabilidad en supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz "Creompaz" en Cobán.

Este lugar, según las denuncias, "fue utilizado como centro clandestinos de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones".

En el denominado caso "Creompaz" también está implicado Luis Alberto Paredes Nájera, quien fue separado temporalmente de este caso debido a que, según análisis forenses, está incapacitado para enfrentar el proceso penal.