EFEPanamá

La Fiscalía de Panamá dijo este lunes que abrió de oficio una investigación por presunta corrupción en la construcción de un hospital modular, considerado un proyecto estrella en la estrategia contra el COVID-19, luego de denuncias públicas de que hubo un supuesto sobrecosto en la obra.

"Fiscalía Anticorrupción abre investigación de oficio por la posible comisión del delito contra la administración pública. Se investiga lo relativo al proceso de contratación del Hospital Modular en Albrook", también conocido como Hospital Panamá Solidario, publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Medios locales han señalado que la empresa Smartbrix, encargada de levantar el hospital de 100 camas para pacientes complicados de COVID-19, adquirió en Costa Rica módulos usados a un precios sustancialmente menor al que cobrará al Estado por el proyecto, que tiene un costo global de 6,9 millones de dólares.

Este mismo lunes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el responsable del proyecto, publicó en su cuenta de Twitter que "los modulares utilizados en la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario son nuevos".

En una misiva de Smartbrix leída este lunes por el titular del MOP, Rafael Sabonge, la empresa indicó que "certificamos que todos los componentes utilizados pasaron por nuestros procesos de manufactura y control de calidad tanto local como internacional para ser integrados en estructuras modulares de primer uso".

En la estrategia contra el nuevo coronavirus el hospital modular es un proyecto estrella del Gobierno panameño, que anunció el pasado 16 de abril que la estructura fue levantada en 28 días, aunque mes y medio después sigue sin funcionar.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, investiga por su parte por qué el Gobierno de Panamá no aceptó una donación china para convertir un centro de convenciones capitalino en un hospital de 1.500 camas para pacientes leves y en su lugar decidió levantar el hospital modular de 100 camas para enfermos graves.

Panamá acumulaba hasta el domingo 306 fallecidos y 10.926 contagios confirmados del nuevo coronavirus, lo que lo sitúa como el país más afectado en Centroamérica.

El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijo este lunes que el Ministerio Público ha abierto unas siete investigaciones por supuesta corrupción en casos de adquisición de bienes y servicios en el marco de la emergencia nacional por la pandemia, todas de oficio, es decir, a raíz de informes periodísticos.

Entre esas investigaciones está la frustrada compra de 100 respiradores a precios exorbitantes, que obligó a un viceministro a renunciar al cargo y desató pedidos públicos de dimisión del ministro de la Presidencia, Javier Carrizo, quien también es el vicepresidente del país y uno de los hombres más cercanos del jefe del Estado, Laurentino Cortizo.

"No hay persona que individualmente sea objeto de investigación, se está determinando si el acto en sí es delito. En ese proceso veremos las personas que pueden estar o no involucradas", aclaró Ulloa respecto a las investigaciones abiertas, durante una entrevista con la televisión local Telemetro.

El Gobierno del presidente Cortizo ha negado las denuncias de presunta corrupción, ha dicho que la ley le faculta para actuar en la emergencia y rendir cuentas hasta 5 días después de que esta termine, y ha acusado a los medios locales de mentir y ocultar información.