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Una corte de apelaciones de Estados unidos anuló este lunes un fallo judicial de 2018 a favor del expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín en un juicio por las muertes ocurridas durante las protestas indígenas de 2003 que llevaron al fin del Gobierno del primero.

La apelación fue presentada en 2019 por indígenas que demandaron al expresidente y el exministro por las muertes de familiares suyos en dichas manifestaciones, después de que el juez James Cohn decidiera anular el fallo unánime de un jurado en contra de los demandados un año antes .

El jurado había considerado al expresidente y el exministro responsables de la muerte de ocho personas durante el llamado "Octubre negro" en Bolivia y fijó compensaciones por 10 millones de dólares, pero el juez Cohn anuló esa decisión, al considerar que los demandantes no deberían ser indemnizados porque no había pruebas de la responsabilidad de los Sánchez en las muertes.

La Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito anuló este lunes la decisión del juez y remitió el caso de nuevo al tribunal de primera instancia de Fort Lauderdale (sureste de Florida), donde se llevó a cabo el juicio, para que realice nuevos procedimientos.

"Esta es una noticia maravillosa", indicó Sonia Espejo, cuyo esposo Lucio fue unos de los muertos en las protestas, según un comunicado del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), uno de los grupos que acompañó la demanda en Estados Unidos.

Por su parte, los abogados de Sánchez de Lozada y Sanchez Berzaín emitieron un comunicado en el que subrayan que el fallo de la Corte de Apelaciones "no es una decisión final" y lo que hace es "redirigir el caso al tribunal de distrito para nuevos procedimientos".

Sánchez Berzaín, que era ministro de Defensa cuando se produjeron las protestas lideradas entre otros por el que luego llegaría a ser presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a Efe: "nosotros seguimos siendo inocentes, la Corte de Apelaciones no ha dicho lo contrario".

"No hay fundamentos para hacer responsables a los demandados de las trágicas muertes ocurridas debido a las protestas violentas protestas instigadas por Evo Morales para derrocar a un gobierno democráticamente elegido en Bolivia", dijeron los abogados.

"Confiamos en la justicia y creemos que los demandados serán exculpados cuando este caso llegue a su final", agrega un comunicado de la firma Williams & Connloy de Washington en nombre del dos veces presidente de Bolivia y del varias veces ministro.

Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, que también acompañó la demanda, subrrayó que "este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia".

"Hoy la Corte de Apelaciones anuló la sentencia de la corte de distrito y le remitió el caso para procedimientos adicionales", señaló el CCR.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que "los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio por reclamos relacionados con homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir ciertas pruebas que eran favorables para los acusados", agrego.

El CCR subrayó que la corte de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron evidencia suficiente de que "los soldados dispararon deliberadamente disparos mortales con una conciencia moderada de que herirían mortalmente a civiles que no presentaban riesgo de peligro".

Agregó que "ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos fueron fusilados mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros fueron fusilados mientras se escondían o huían".

Precisó que el tribunal de apelaciones anuló la sentencia del tribunal inferior y le remitió el caso "para decidir si el veredicto del jurado debe ser restituido bajo el estándar apropiado, y celebrar un nuevo juicio sobre los reclamos por muerte injusta relacionados con los demandantes".

El juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.

Sánchez de Lozada, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue presidente de 1993 a 1997 y luego asumió un segundo mandato el 6 de agosto de 2002, que ejerció hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003.