EFESan Salvador

Una corte de apelaciones de El Salvador anuló el sobreseimiento dictado al proceso contra dos exjefes de las prisiones acusados por delitos de corrupción, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente indicó que la Cámara Primera de lo Penal anuló en un proceso de apelación el fallo que favoreció a los extitulares de la Dirección General de Centros Penales Nelson Rauda (2012-2013) y Rodil Hernández (2013-2017).

Rauda y Hernández fueron absueltos de los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios en un juicio en septiembre de 2019, tras dos años de proceso.

La FGR acusó a los exfuncionarios de manejar de manera irregular los fondos provenientes de las tiendas al interior de las prisiones.

El Ministerio Público señaló en su acusación que los imputados hicieron un "mal uso" de más de 200.000 dólares entre los años 2012 y 2014 en pagos de inteligencia, sobresueldos, bonos, contrataciones y préstamos personales.

Los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señalaron en el fallo anulado que en el manejo del dinero "no existe abuso de confianza" y que las supuestas víctimas presentadas por la Fiscalía en representación de los presidiarios "desestimaron" el proceso al no participar en el juicio.

También apuntaron que los fondos cuestionados eran "privados", ya que no fueron recaudados mediante impuestos y no pertenecían al presupuesto general del Estado.

De acuerdo con los letrados, el manejo de los referidos fondos no es regulado por ninguna legislación y las acciones de Rauda y Hernández "no transcienden a la esfera penal".

El órgano Judicial explicó en diciembre de 2018 que la acusación fiscal señala que el dinero se usó "para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas" impulsada por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por Funes, según reconocieron él mismo y otros funcionarios de alto rango.

Funes, procesado por corrupción y nacionalizado nicaragüense, atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.