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El Senado de Bolivia retomó hoy sus sesiones ordinarias tras concluir un intenso proceso de aprobación del nuevo Código del Sistema Penal del país, que dejó para el final un artículo que castiga la mala praxis médica y que mantiene en huelga a los médicos bolivianos desde hace tres semanas.

La Cámara sancionó anoche este proyecto tras una nueva sesión maratoniana hasta desatascar la aprobación de este artículo que enfrenta al Gobierno de Evo Morales con la profesión médica.

El texto pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación, aunque tardará año y medio para su aplicación, mientras se preparan tanto "las condiciones técnicas como humanas para que se pueda aplicar en su verdadero sentido", explicó a los medios el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.

El nuevo código fue debatido durante semanas artículo a artículo, hasta concluir con la aprobación del 205 sobre "Daño a la Salud o Integridad Física por Mala Práctica", que prevé penas de cárcel en caso de fallecimiento del paciente, además de sanciones económicas e inhabilitación para profesionales sanitarios.

Esta penalización ha llevado a los médicos bolivianos a una larga huelga que se prolonga durante 23 días, en un enfrentamiento con el Gobierno que hasta ahora no tiene salida, mientras los pacientes denuncian falta de atención en centros tanto públicos como privados.

Tras la aprobación final, el presidente de la Cámara reiteró la postura del Ejecutivo de que el artículo fue previamente consensuado con los colegios de médicos del país, "tras arduas jornadas de negociación", pero después fueron a la huelga.

El Movimiento al Socialismo (MAS), que sustenta el Gobierno de Morales, cuenta con mayoría en el Parlamento, en el que el nuevo texto legal ha salvado también otros escollos como el del aborto.

El código renovado aumenta las causales a casos como el riesgo para la madre o las malformaciones del feto, con el rechazo de organizaciones cristianas y pro vida, que desde hace semanas se movilizan en contra.

Otra de las novedades destacadas es el castigo con hasta seis años de prisión por suplantación de identidad en redes sociales, medios digitales o plataformas informáticas.