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La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció hoy que la Policía de Nicaragua se niega a soltar a un maratonista famoso por protestar contra el presidente Daniel Ortega, a pesar de que un juez ordenó su libertad.

"La Policía desde ayer debió liberar a Alex Vanegas. Queremos dejar sentado de que otro abuso se cierne sobre este ciudadano, se les están violando los Derechos Humanos constitucionales", dijo en conferencia de prensa el abogado de la CPDH Pablo Cuevas.

Vanegas, un veterano maratonista de 62 años, conocido por correr en las calles en protesta contra Ortega, recibió el miércoles una orden de libertad por parte de la jueza tercera local penal, Nalia Úbeda Obando, pero hasta ahora la Policía se niega a liberarlo, según la denuncia.

Vanegas, acusado por "escándalo público" tras entonar el himno nacional de Nicaragua en honor de los manifestantes que han muerto en las protestas contra Ortega, guarda prisión desde el 2 de noviembre pasado por una falta que no ordena la cárcel, según Cuevas.

"Estamos procediendo a elaborar un nuevo recurso de exhibición personal, dado que persiste la detención ilegal de Alex", afirmó el abogado, quien señaló a la Policía nicaragüense de cometer desacato.

El maratonista, quien ha sido capturado en seis ocasiones desde el estallido social de abril, se encuentra en una celda de la cárcel "El Chipote", señalada en los últimos diez años de ser un centro de torturas de la Policía de Nicaragua.

El maratonista es conocido por correr con una camisa de color azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense, con las frases "Maratón por la justicia" y "Corro para correr a Ortega", impresas en el pecho y la espalda.

Organismos defensores de los derechos humanos que Vanegas es uno de 610 "presos políticos" de Nicaragua.

El Gobierno ha informado de 273 detenidos en el marco de las protestas y los califica de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos, de los cuales el Gobierno reconoce 199.

Ortega rechaza los señalamientos y dice que se impuso a un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno.