EFEBogotá

El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia, condenó hoy a la Nación por el atentado de las FARC con un carro bomba contra el club el Nogal en el que murieron 36 personas y 200 más resultaron heridas el 7 de febrero de 2003.

Según la decisión, hecha pública en un comunicado del Consejo, los organismos del Estado no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de civiles derivadas de la difícil situación de orden público que se vivía por ese entonces en el país.

"La Sala concluyó que la población civil ajena al conflicto y protegida por el derecho internacional no debía ser expuesta por las entidades demandadas", señala en Consejo de Estado en su fallo.

Agrega que "quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales", ya que allí hubo reuniones de "altos funcionarios del Estado, auspiciadas por el Ministerio del Interior".

"Se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa (Marta Lucía Ramírez) de la época en el lugar donde se produjo el ataque", agregó la información.

El fallo agrega que "se evidenció" la omisión en los deberes de prevención, seguridad y protección en los que incurrieron la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta).

Detalla que esos organismos "se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones".

Además, el Consejo de Estado ordenó que como medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición ordenó instalar una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, previo proceso creativo acordado con las víctimas.

Igualmente, agrega el fallo, el Estado debe realizar un acto público de desagravio en el que se realice la presentación e inauguración de la misma.

Finalmente, dispuso enviar la providencia al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.

En febrero pasado, el partido político colombiano FARC, nacido de la desmovilización de esa antigua guerrilla, pidió perdón a las víctimas del club El Nogal y se comprometió a contar la verdad ante la justicia.

En ese entonces Carlos Antonio Lozada, uno de los líderes de la FARC, leyó un comunicado en nombre de esa organización que lamentaba el ataque.

La FARC, recalcó, no debieron hacer el atentado "más allá de que estuviera motivado en información que señalaba al club como un centro de reuniones para la planificación de operaciones contrainsurgentes, encabezadas por funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares".

El atentado se produjo cuando dos terroristas introdujeron un vehículo con una bomba en el garaje del club social gracias a la ayuda de un empleado.