EFESan Salvador

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) aseguró hoy que la investigación y las órdenes de captura en contra de algunos allegados y exfuncionarios de su Gobierno son "arbitrarías" y "responden a una persecución política".

Funes, asilado en Nicaragua, manifestó, en una entrevista telefónica con un canal salvadoreño que las "acciones" realizadas por la Fiscalía "son parte de una negociación que el fiscal (Douglas Meléndez) esta pactando con la derecha, particularmente con Arena (Alianza Republicana Nacionalista) para ganarse su confianza y obtener los votos que necesita para reelegirse".

"No me cabe ninguna duda de que aquí hay una clara persecución política y que se está haciendo uso del aparato de justicia del Estado para perjudicarme", expresó el expresidente, quien reside en Nicaragua desde el 1 de septiembre de 2016.

Entre las personas supuestamente involucradas en actos de corrupción cometidos durante el Gobierno de Funes están su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, y el empresario Miguel Menéndez, a quienes Funes defiende y aseguró que "no benefició" durante su mandato.

"No voy a negar que (Miguel Menéndez) es mi amigo, pero de eso a que mi Gobierno o yo lo hayamos favorecido con contratos, que fueron ganados lícitamente, hay una gran diferencia", apuntó el también periodista.

La Fiscalía General, que no confirmó ni desmintió las detenciones, se limitó a explicar, mediante un comunicado, que "tras una minuciosa investigación" por parte de las Unidades Especializadas de Delitos Financieros y Corrupción, giró "varias órdenes de captura contra personas que estarían relacionadas con actos ilícitos".

El Ministerio Público añadió que "oportunamente informará a la población sobre esta investigación de actos de corrupción y las personas involucradas", sin brindar más detalles.

Funes es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y "posible" lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de este juicio civil ordenado por el Supremo en febrero de 2016.

Una corte civil salvadoreña condenó en noviembre pasado Funes y a su hijo Diego Funes Cañas, a "restituir al Estado" más de 419.000 dólares tras encontrarlos responsables de enriquecimiento ilícito.