EFEBogotá

El Gobierno colombiano tomó este viernes medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en las operaciones militares, en un intento de zanjar la polémica con el diario The New York Times que denunció el riesgo de que revivan las ejecuciones extrajudiciales de civiles.

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la creación de una comisión para investigar las órdenes y documentos relacionados con el Ejército, después de que un editorial del diario avivara hoy viernes la polémica al acusar al actual Ejecutivo de poner en riesgo el acuerdo de paz firmado con la guerrilla FARC, ahora convertida en partido político.

"He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales en materia derechos humanos y en materia del Derecho Internacional Humanitario", afirmó Duque en una declaración.

De este modo el Gobierno intentará alejar el fantasma de los "falsos positivos", las ejecuciones de civiles cometidas por la fuerza pública y que entre 1998 y 2014 que se cobraron hasta 5.000 víctimas, según la Fiscalía colombiana.

Un total de 1.500 militares están involucrados en estos casos, 2.200 de los cuales están en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

El "modus operandi" de los militares implicados consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos incluso discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.

El artículo del New York Times, firmado por el periodista Nicholas Casey, revela que la política del Ejército Colombiano para mejorar los resultados operacionales puede poner en riesgo a civiles.

El jefe de Estado colombiano detalló que la comisión creada la conforman el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González, y el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez.

Tras el análisis, los tres juristas darán una serie de recomendaciones al Gobierno para que se siga "avanzando en esa excelencia indiscutible en la forma en que opera la fuerza pública", según el presidente.

Con esta decisión, Duque salió al paso de las acusaciones del diario, que en su editorial de hoy reprochó la decisión de recortar fondos destinados a la sustitución de los cultivos de coca, lo que demuestra, según The New York Times, que Duque ha "saboteado" parte del acuerdo de paz.

"La paz pareciera estar en crisis, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia", se señala en el texto, en el que se señala que más de 3.000 exguerrilleros se han rearmado, a la vez que grupos paramilitares han matado a al menos 500 activistas y líderes de la sociedad civil desde la firma del pacto, en noviembre de 2016.

La primera respuesta al posicionamiento del diario vino del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio José Archila, que dijo que el texto del diario neoyorquino es "irresponsable".

En concreto, la crítica de Archila se centra en la cifra que menciona el editorial de 3.000 exguerrilleros que han retomado las armas, porque según dijo "es irresponsable pensar que los 3.000 que no están en el censo volvieron a delinquir".

A nivel diplomático la decisión de Duque fue celebrada por la Embajada de Estados Unidos, que trasladó su apoyo al presidente en sus "esfuerzos" para "esclarecer el tema" que denuncia el NYT.

Por eso, la embajada señaló que su interés pasa por que haya "una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos", para lo cual existe el compromiso de "apoyar los esfuerzos" del país andino para "fortalecer el Estado de derecho (...) y combatir el crimen".

"Esta comisión debe darle una gran confianza al pueblo colombiano y una gran confianza a todos los miembros de la fuerza pública para que no haya la más mínima duda sobre su conducta, sobre sus operaciones y sobre la forma siempre leal a la Constitución y a la ley cómo deben operar todos los miembros", concluyó el presidente.

La polémica por el artículo sobre el eventual regreso de los "falsos positivos" alcanzó cotas internacionales esta semana cuando Casey y el fotógrafo colombiano del NYT Federico Ríos salieron del país por motivos de seguridad debido a los señalamientos de simpatía con las guerrillas que contra el periodista hizo la senadora María Fernanda Cabal, del oficialista partido Centro Democrático.