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El Gobierno de Nicaragua presentó hoy una iniciativa de Ley que tiene como fin promover el diálogo, la reconciliación, el trabajo y la paz, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos y detenidos.

La iniciativa, denominada "Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz", tiene por objeto establecer el marco jurídico general que garantice una política de Estado en esos temas, según el proyecto divulgado por el Ejecutivo.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega espera que el desarrollo de esa política de Estado ayude "a eliminar la violencia que se produce en las personas, las familias y en las comunidades", tanto en el ámbito personal, familiar y comunitario.

"Estas manifestaciones de violencia y los métodos violentos para resolver los conflictos pueden cambiarse a través de una cultura de paz", señaló el Ejecutivo en la iniciativa.

Observó que esa política de Estado será un proceso a través del cual esperan se generen cambios que permitan aprender a convivir, a entender el pensar, sentir y actuar de las personas, las familias y las comunidades.

"Se trata de un proceso complejo que se logra mediante un cambio cultural y la incorporación de valores que como nicaragüenses nos permitan tomar conciencia, comprender y entender a las personas, a las familias y a las comunidades para vivir en sociedad", continuó.

La iniciativa de Ley sugiere resolver los desencuentros "aportando soluciones a la transformación y a la construcción de ambientes saludables, sanos en la familia y la comunidad, mediante estrategias de promoción de valores", que permita eliminar la violencia como método para resolver los conflictos.

El proyecto busca fomentar la solidaridad, y promover, desarrollar y recrear valores, actitudes, comportamientos y conductas individuales y colectivas con el objeto de salvaguardar la paz, la estabilidad, la no violencia, el bien común, la convivencia pacífica, el respeto a la vida, la dignidad humana, y el desarrollo físico, mental, espiritual, cultural y social de los nicaragüenses.

El Ejecutivo explicó que esa Ley tiene como finalidad eliminar toda forma de discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Ese proyecto, según los planes iniciales, iba a ser presentado el 3 de diciembre pasado en la sede del Parlamento.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, que tiene doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.