EFEGuatemala

La financiación de los partidos políticos guatemaltecos está marcada por la corrupción y el crimen organizado, advirtió hoy la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Dos meses antes de las elecciones generales en el país, la Cicig, cuyo jefe es el abogado colombiano Iván Velásquez, dio a conocer un estudio cuya finalidad es evidenciar la relación entre "el dinero y la política" para auspiciar reformas en un sistema que urge "un profundo cambio".

Velásquez señaló en la presentación que la inyección de dinero en los partidos, que ya se realice desde el ámbito público o desde el privado tiene como fin buscar el enriquecimiento propio, es algo "poco regulado" y "opaco" en Guatemala.

"Está el crimen organizado directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales", dijo Velásquez.

El letrado colombiano hizo referencia a tres casos conocidos. El primero el de Gustavo Alejos, quien durante el gobierno de Álvaro Colom (2007-2011), de la formación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ejerció como "recaudador" de las redes de financiación.

Según Velásquez, Alejos benefició a las empresas con contrataciones públicas y también a su padre y hermano para posicionarlos como diputados departamentales.

También habló de Gloria Torres, una de las fundadoras de la UNE, quien ya fue investigada y acusada de lavado de dinero por la construcción de una red de entidades que recibía fondos ilícitos de estructuras locales.

Por último hizo referencia a Obdulio Solórzano Montepeque, financista y diputado de la UNE, quien, según dijo el jefe de la Cicig, desde el cargo de presidente del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), favoreció "con contratos de obra pública y posiciones administrativas" a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en 2010.

Velásquez ve un riesgo para el orden social del país que las personas que concentran el poder económico posean también el político.

Esta particularidad, indicó, provoca que la política se organice en torno "a personas y no a proyectos" y favorece el transfuguismo político, además de que convierte a Guatemala en un país "propicio" para cometer delitos electorales "sin ninguna consecuencia".

A su juicio, el país carece de "una cultura de denuncia" de delitos electorales, lo que provoca que existan "muy, muy altos niveles de impunidad".

Según datos del Ministerio Público y el Organismo Judicial citados por Velásquez, en los últimos dos procesos electorales, de 2007 y 2011, solo se presentaron 326 denuncias electorales, lo que, a su juicio, revela que existe al menos un 95 % de "impunidad electoral".

Otro de los factores claves en Guatemala son las campañas electorales, que concentran gastos "excesivos y desproporcionados".

Durante la campaña para las elecciones generales de 2011, tres partidos guatemaltecos, el Partido Patriota (PP), ahora en el poder, Libertad Democrática Renovada (Líder) y la coalición UNE-GANA, superaron el techo de gasto.

De acuerdo a la ley guatemalteca, los partidos pueden gastar hasta 50 millones de quetzales (6,53 millones de dólares) durante los cuatro meses que dura formalmente la campaña proselitista.

No obstante, Velásquez aseguró que la normativa actual para vigilar este extremo es muy débil, ya que se basa en los informes que los propios partidos presentan, por lo que abogó para que se reduzca tanto el período de la campaña proselitista como la cantidad de dinero que se puede gastar.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones generales de 2011, más de 300 millones de quetzales (39,21 millones de dólares) no fueron reportados a este organismo como gastos de campaña.

Esta práctica "sistemática y recurrente" de financiación irregular provoca un aumento del empobrecimiento de la población y una unificación de la corrupción a través de una amalgama de intereses compartidos que muchas veces encuentran en los medios de comunicación el vehículo para sus propagandas, dijo.

Ante esta situación, la Cicig manifiesta que el tema de la financiación debe ser el "asunto central" de cualquier democracia e insta a Guatemala a reducir el gasto en las campañas electorales, que son "excesivos y desproporcionados"

"El financiamiento privado debe reducirse a una mínima expresión, que no supere el 20 % del total", sentenció Velásquez.

la Cicig es un ente de la ONU creado en 2007 con el fin de desarticular estructuras clandestinas en el Estado guatemalteco.

Alrededor de 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a votar el 6 de septiembre para elegir al presidente y vicepresidente para el período 2016-2020, además de 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 338 corporaciones municipales.