EFESan Salvador

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió este miércoles una demanda contra el fallo que ordenó en 2020 el cierre de la causa penal por la masacre de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989.

Así lo informó la CSJ en un comunicado, en el que señala que se admitió la demanda a raíz de que "la Sala de lo Penal lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional".

Indicó que el referido fallo, de septiembre de 2020, declaró la nulidad del proceso por razones de prescripción a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad, que la jurisprudencia cataloga como "imprescriptibles".

"La Sala de lo Constitucional consideró que, con dicha actuación, se habría obstaculizado el acceso a la Justicia de las víctimas" y "la autoridad demandada habría transgredido reglas procesales", apunta la misiva.

La decisión de la Sala de lo Penal frenó la reapertura del proceso dictado en 2018, tras la anulación de una ley de amnistía de 1993, y que en 2019 también enfrentaba la amenaza de quedar en la impunidad por una ley de reconciliación nacional aprobada por el Congreso y vetada posteriormente por el presidente Nayib Bukele.

La reapertura se dictó a solicitud de la jesuitas Universidad Centroamericana (UCA) para que se investigue a los supuestos autores intelectuales.

Los señalados como autores intelectuales son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años por este crimen.

El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la ofensiva "Hasta el tope" en la capital, un comando de elite del Ejército salvadoreño segó la vida de los jesuitas.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, había denunciado las condiciones de explotación y miseria de la mayoría campesina del país, compromiso con en el que coincidió el arzobispo de San Salvador, san Óscar Arnulfo Romero.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas y a quien se le ha negado el indulto y conmutación de la pena por ser un crimen de lesa humanidad.