EFESan Salvador

La Iglesia de El Salvador rechazó este domingo la creación de una nueva ley de amnistía, cuyo proyecto se planteó en el Congreso, porque "protegería a los victimarios favoreciendo su impunidad y violaría los Derechos Humanos de las víctimas" de la guerra en el país (1980-1992).

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, manifestó el "desacuerdo" con la propuesta, presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado Rodolfo Párker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), bajo el título de "proyecto de ley de reconciliación nacional".

Escobar Alas se opuso a su aprobación porque "sería una ley espuria como la ley de amnistía del 93, totalmente injusta, que en vez de proteger a las víctimas, las revictimizaría y protegería a los victimarios favoreciendo la impunidad burlando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y violando los Derechos Humanos".

Una sentencia de Sala de lo Constitucional de la CSJ de julio de 2016 que anuló la amnistía general decretada en 1993 por el Congreso y que permitió reabrir diversas causas penales por crímenes de guerra, quedarían en entredicho en caso de aprobarse la nueva propuesta.

"Pedimos a los diputados rechazar el proyecto y emitir una ley de reconciliación en el espíritu de la sentencia, de verdadera reconciliación, mediante un ejercicio de justicia transicional que proteja y brinde reparación a las víctimas. La Iglesia está del lado de las víctimas y abogaremos siempre por ellas", insistió el arzobispo.

La petición de la Iglesia salvadoreña se une a diversas voces y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que rechazaron el proyecto presentado por el legislador del PDC.

Parker es señalado en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre de seis padres jesuitas en 1989 "para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato", cuando era miembro de una "comisión de honor" nombrada por el Gobierno para investigar el caso.

La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de El Mozote, la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980.

Según el informe de la ONU, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón de elite Atlácatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.