EFECiudad de Guatemala

Al menos una decena de policías y cuatro periodistas resultaron heridos durante los disturbios registrados este martes en Guatemala cuando cientos de militares retirados irrumpieron a la fuerza en el Congreso del país tras protagonizar una protesta.

Los excombatientes, que piden una compensación por sus servicios en el Ejército durante la guerra civil, se habían manifestado durante varios días las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en el Congreso.

Además de los heridos, hubo dos detenidos y cientos de funcionarios y trabajadores del Organismo Legislativo con crisis nerviosa.

Los veteranos, que cargaban machetes, palos y piedras, irrumpieron a la fuerza en el edificio parlamentario en la capital del país al romper el portón de hierro del mismo, y en donde quemaron oficinas legislativas y cinco automóviles y tres motocicletas, según constató Efe.

Según la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, al menos diez policías resultaron heridos en los enfrentamientos, así como cuatro periodistas de los medios locales Nuestro Diario, Prensa Libre, Quorum y Nuestro Mundo, y varios más fueron amenazados por su labor.

La manifestación se tornó violenta alrededor de las 14.00 hora local (18.00 GMT), momentos antes de iniciarse la sesión plenaria. Para ese momento había únicamente 12 de los 160 congresistas en el interior, quienes debieron resguardarse en las oficinas, fuera del alcance de los manifestantes.

También se encontraba dentro de las oficinas legislativas el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien confirmó a los medios que se encontraban retenidos en el edificio.

El diputado del Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus pidió "ayuda" en sus redes sociales, al señalar que los exmilitares tenían machetes y piedras.

"Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los exmilitares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron 'carros' (coches) y otros despachos cerca del parqueo (aparcamiento)", relató a Efe Pineda Lemus, segundos después de haber sido evacuado.

La Policía Nacional Civil preparó un operativo para evacuar a los más de cien trabajadores del Congreso, los diputados y el ministro de Estado en la calle paralela al estacionamiento donde estaban los manifestantes; es decir, en el otro extremo del edificio, donde ya las fuerzas de seguridad habían controlado los alrededores.

Al finalizar la evacuación, las fuerzas especiales antimotines de la Policía consiguieron repeler a los violentos y, alrededor de tres horas y media después del ataque al edifico, lograron controlar el área y detener a dos supuestos implicados, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la justicia.

Más de 200 de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala participaron en la operación para retomar el control del Congreso después de que fuera invadido.

Los policías lanzaron bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los sectores aledaños al Congreso hasta conseguir frenar el caos, que afectó a las instalaciones del Parlamento y sus calles aledañas, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.

Las peticiones de los manifestantes se encuentran actualmente bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantean un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya hubiesen muerto, otorgado en cuatro pagos anuales.

La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.

La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.