EFEWashington

"Les echan gases a los perros, se suben a lo tejados de nuestras casas, quiebran las tuberías del gas y entran en nuestras propiedades sin permiso". Esto que relata a Efe Lourdes Limón, residente de Sundland Park (Nuevo México, EE.UU.) describe no la obra de una organización criminal, sino de los agentes que vigilan la parte estadounidense de la frontera.

Limón es miembro de una delegación integrada por 40 personas de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, en sus siglas en inglés) que acudió hoy a Washington para pedir a los legisladores aprobar la nueva Ley de Mejora de la Seguridad Nacional, promovida por la demócrata Verónica Escobar en el Congreso, donde fue aprobada en septiembre, y por el senador Tom Udall en la Cámara Alta, donde todavía tiene que ser ratificada.

Esta vecina de la frontera quiso llamar la atención sobre los abusos de los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Desde BNHR denuncian que el Departamento de Estado de EE.UU. desarrolla operaciones a lo largo de la frontera sin tener respeto por las comunidades que residen en la zona y sin transparencia alguna.

En una rueda de prensa celebrada hoy en la explanada del Capitolio, el director ejecutivo de esta organización, Fernando García, lamentó que "hay una impunidad histórica en las fuerzas del orden que se supone que deberían defender la Constitución, especialmente en la frontera".

De esta impunidad se considera víctima Limón, quien acusa al ICE y a la CBP de "abuso de poder" y de llevar a cabo "acoso con el objetivo de intimidar"; algo que ve ejemplificado en que "las patrullas entran a los jardines en "quad" (vehículo todoterreno de cuatro ruedas similar a una motocicleta) "sin ningún tipo de orden judicial".

"No es vida, no es sano para la familia vivir así", sentencia a Efe esta mujer.

"ABANDONADOS A LA OSCURIDAD" POR TRUMP

"Bajo la Administración de Trump las comunidades de la frontera han sido abandonadas a la oscuridad", señaló hoy en la misma comparecencia ante los medios el senador demócrata por Nuevo México Tom Udall.

El representante de este estado fronterizo con México consideró que las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, "han extendido el miedo entre las comunidades de la frontera sur, forzando a niños a quedarse en casa y a personas a no acudir a citas con el médico".

"Las comunidades han sido heridas por las políticas antimigratorias de esta Administración", sentenció el senador.

Algo con lo que comulga Fernando García, que aseguró que los abusos por parte de las fuerzas del orden encargadas de la frontera son consecuencia de "cómo ha sido envenenada la retórica y la política en este país, especialmente contra los latinos".

UNA NUEVA ESPERANZA

Los integrantes de BNHR ven la nueva Ley de Mejora de la Seguridad Nacional aprobada en septiembre como una nueva esperanza para cambiar la situación y sus relaciones con el ICE, las cuales definen como muy tensas.

La congresista por El Paso, Verónica Escobar, máxima valedora de este nuevo texto legislativo, decidió acompañar la delegación de estos moradores de la frontera residentes en Texas y Nuevo México, entre otros.

"Con esta ley pedimos al Departamento de Estado que haga lo mismo que han estado haciendo las fuerzas del orden locales en estas regiones, como obligar al uso de cámaras corporales", declaró Escobar a la prensa.

El texto legislativo, que ha recibido el apoyo de candidatos a las primarias demócratas como Kamala Harris, Cory Booker y Elizabeth Warren, busca dotar de herramientas a cualquier integrante de las fuerzas del orden en la frontera para hacer saltar las alarmas cuando hay acciones fuera de lo normal, así como mejorar las relaciones con la población.

Con ese objetivo el escrito, que aún debe ser aprobado en el Senado, propone la creación de la figura de un ómbudsman para promocionar un proceso neutral y confidencial, que admita quejas.

La persona que ostentase este cargo sería también la encargada de llevar a cabo evaluaciones anuales, establecer un panel de control sobre estos dos cuerpos y requerir el uso de cámaras corporales por parte de los agentes.

Por ello, la demócrata consideró que aprobar esta ley debería ser un objetivo "compartido por todo el mundo", pues busca mejorar el funcionamiento de las fuerzas del orden y la vida de quien viven en la frontera sur.

Guillermo García Ballescá