EFEPanamá

Seis magistrados que investigan al expresidente panameño Ricardo Martinelli por supuesta corrupción fueron denunciados hoy ante el Parlamento por el exmandatario, quien exige una reparación de 10 millones de dólares por los perjuicios materiales y morales sufridos por la actuación de los togados.

De los nueve magistrados que forman el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), los denunciados por Martinelli ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento) son Oydén Ortega, Jerónimo Mejía, Harry Díaz, Harley Mitchell, Abel Zamorano y Secundino Mendieta.

Martinelli señaló a los magistrados por abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, y también por calumnia e injuria por supuestamente violar su presunción de inocencia al no guardar la debida reserva del sumario en las causas que se le siguen en la Corte Suprema.

A Martinelli el Supremo panameño le tiene abiertas tres causas: una por presuntas anomalías en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN); otra por supuestas escuchas ilegales a ciudadanos y opositores; y una tercera por indultos que otorgó al final de su mandato.

El secretario general de la AN, Franz Wever, recibió dos denuncias que incluyen a los seis magistrados, y dijo a periodistas que lo que sigue ahora es remitirla a la comisión legislativa de Credenciales, que deberá decidir su admisión o no.

La AN es competente para investigar a los magistrados de la Corte Suprema, en tanto que el Supremo panameño hace otro tanto con los diputados denunciados ante esa alta instancia judicial.

En la primera denuncia contra los magistrados Ortega, Mejía, Díaz, Mitchel y Zamorano presentada por el abogado Reynaldo Medina, a la que tuvo acceso Acan-Efe, se alega que los togados se excedieron al acumular las querellas presentadas en contra de Martinelli por las supuestas escuchas y por haber aceptado que le fueran remitidas por el Ministerio Público sin la prueba idónea del hecho punible.

En esta denuncia, igualmente Medina señala que el pleno de la CSJ incumplió con el plazo señalado por la Ley procesal para la admisión de una investigación penal, que es de 10 días, y se demoró tres meses.

Según el documento, los magistrados pasaron por alto que Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que cualquier denuncia o querella en su contra debe ser presentada ante la secretaría general de la CSJ, lo que no se cumplió con todas las querellas.

En la segunda denuncia, presentada por el abogado Iván Gantes, se acusa a los magistrados Mitchell, Díaz, Zamorano, Mendieta, Mejía y Ortega por calumnia e injuria al haber supuestamente violentado la presunción de inocencia de Martinelli con sus actuaciones dentro del proceso.

Gantes declaró a periodistas que en todo proceso los nombres no pueden ser revelados "hasta que no le formulen cargos", algo que incumplió la Corte Suprema al emitir comunicados de prensa.

En la denuncia, Gantes indica que la conducta atribuible a los magistrados de la CSJ querellados constituyen violaciones a la ley penal vigente y a la Constitución Política que le han causado "graves perjuicios económicos y morales" a Martinelli.

En razón de ello, Gantes estima en 10 millones de dólares la "cuantía provisional del daño que se pretende" por los perjuicios materiales y morales causados al exmandatario.

En enero, la CSJ inició una causa a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública por irregularidades en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, la primera investigación que se le sigue.

Martinelli salió del país horas antes de que la CSJ abriese la investigación, la cual fue suspendida temporalmente el pasado 2 de julio mientras el pleno resuelve un recurso de inconstitucionalidad.

Por este caso, el 8 de abril pasado, el Tribunal Electoral levantó el fuero electoral a Martinelli.