EFESan Salvador

El juez de la causa penal por la masacre de 1.000 civiles en El Mozote, perpetrada en el noreste de El Salvador por el Ejército en 1981, pidió este martes al presidente Nayib Bukele y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que expliquen si el bloqueo a una inspección judicial de los archivos de la Fuerza Armada fue ordenada por ellos.

El juez de instrucción Jorge Guzmán ordenó, por primera vez en la historia reciente salvadoreña, una serie de inspecciones militares para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza y su inicio fue impedido el lunes en las instalaciones del Estado Mayor en San Salvador.

Efe tuvo acceso al documento de la resolución, cuya veracidad fue confirmada por uno de los abogados de las víctimas en el proceso penal.

Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, requirió al mandatario y a Merino que le informen si la negativa "corresponde a una posición oficial de ellos como titulares de la institución armada".

Además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten "las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares" en un plazo de cinco días hábiles después de la notificación de la resolución.

El juzgador también pidió que aclaren si el coronel Carlos Vanegas, quien le indicó que no podría ingresar al recinto militar para la diligencia judicial, fue delegado por ellos para comunicar la decisión.

Sostuvo que la información servirá para "determinar si la actuación del supuesto coronel Vanegas fue un acto de obstaculización a la diligencia judicial, con lo cual se certificaría a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos".

Ante la falta de información oficial sobre el hecho, el juez Guzmán reprogramó el inicio de las inspecciones, planificadas para 8 semanas, para el próximo 5 de octubre.

El presidente Bukele, quien se mantiene activo en las redes sociales, no se ha pronunciado sobre el tema. Tampoco se ha recibido una postura oficial a pesar de las solicitudes hechas por Efe mediante un enlace de prensa con el Gobierno y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

El freno a las inspecciones le ha valido al mandatario críticas de los sobrevivientes, cuya causa aseguró que también era suya al inicio de su mandato, y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó el hecho.

"Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República (Nayib Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso", reza un comunicado de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) divulgado el lunes.

Un registro estatal estima la cifra que un batallón elite del Ejército ejecutó en El Mozote a 988 personas, la mayoría niños, por lo que son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y lesa humanidad.