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Cinco años después de aprobada la ley que reconoce el matrimonio entre parejas homosexuales en Uruguay, el país cuenta con un acumulado de garantías y derechos para el colectivo LGBT, aunque los desafíos en el plano de la aceptación social aún persisten.

La aprobación del matrimonio igualitario, que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica -tres años después de que lo hizo Argentina-, marcó un antes y un después en la lucha por la garantía de derechos para esa población.

Según lo explicó a Efe la presidenta de la organización LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) Ovejas Negras, Magdalena Bessonart, la ley aprobada en 2013 fue "un hito muy fundamental" para los derechos del colectivo.

"Lo que dejó claro fue que empezábamos a ser visibles y a tener como una fuerza de generar cierto respeto y reconocimiento de parte del Estado y del resto de la sociedad a personas que no somos heterosexuales", puntualizó la activista.

"En realidad ya teníamos consagradas algunas leyes pero lo que permitió fue poner en la agenda pública, más que las otras leyes que se habían aprobado, la situación de desigualdad de las personas LGBT", añadió.

Bessonart resaltó que la norma implicó una ampliación de los derechos a nivel familiar, ya que en el marco del matrimonio se garantiza una mayor facilidad para la adopción y un reconocimiento de familias ya conformadas por parejas homosexuales.

En la misma línea, el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, expresó que la ley consolidó un proceso que comenzó a fines de la última dictadura del país (1973-1985) con la creación de las primeras organizaciones LGBT.

Graña apuntó que entre 2005 y 2009 se dieron avances que diferenciaron a Uruguay en la región, ya que, luego de aprobar el concubinato en 2008, el país fue el primero latinoamericano en permitir la adopción a parejas LGBT.

Indicó que a través de ese proceso las personas LGBT fueron reafirmando "el respeto" hacia sus derechos como debería de ser de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"La Carta de Derechos Humanos es clara, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. A veces lo que sucede es que en momentos históricos los Estados no los reconocen, pero el uruguayo sí, y esto ha generado un acumulado y un avance concreto en la vida cotidiana de las personas que hay que profundizar", esgrimió.

Si bien reconoció que se avanzó "un montón" y las nuevas generaciones ya viven sus orientaciones sexuales con más libertad, Graña apuntó que todavía hay "resabios" de una sociedad que discrimina a personas LGBT y que no reconocerlo sería "un error".

En concreto, el funcionario del Mides señaló que los niveles de exclusión más grandes se dan hacia las personas trans.

Es así que el Consejo de la Diversidad Sexual, integrado por ministerios, sindicatos y sociedad civil, elaboró un proyecto de ley integral trans que busca generar "oportunidades directas" para esa población.

Por otro lado, Bessonart sostuvo que otro problema que ha persistido es la dificultad de incorporar el tema de la diversidad sexual en el ámbito de la educación.

"Actualmente existen los docentes de educación sexual e intentamos capacitarlos en el tema de diversidad sexual, pero no es tan fácil entrar en la educación porque hay mucho recelo del sistema educativo", acotó.

La activista recordó que si bien en 2014 el Mides lanzó una guía de educación y diversidad sexual para que docentes de escuelas públicas abordaran la temática en sus clases, las autoridades educativas impidieron su distribución.

A ese episodio siguió en 2017 otra polémica en torno a una guía para educadores con contenidos relativos a la sexualidad que hizo que varios padres convocaran una marcha en Montevideo para reclamar que fuera retirada de circulación.

Además, Bessonart garantizó que existe una dificultad en los organismos del Estado en el sentido de adaptarse a las nuevas normas que se evidencia en el caso del Registro Civil, organismo que no distingue en sus formularios cuando se solicita el matrimonio si la pareja es hetero u homosexual ni lleva estadísticas al respecto.

Alejandro Prieto