EFELima

El proyecto minero Ariana, que empezará a construirse en 2019, es una de las principales preocupaciones del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú por las filtraciones de material tóxico que puede generar en la cuenca del río Rímac, que abastece de agua a la capital de Perú, según se informó hoy en Lima.

El proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Mining, se va a desarrollar muy cerca al Túnel Trasandino, que permite el trasvase de aguas de la cuenca del río Mantaro a la cuenca del río Rímac, explicó a la prensa el responsable del 23 Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, José de Echave.

"La propia (empresa de saneamiento) Sedapal ha enviado un oficio (al Ministerio de Energía y Minas) donde expresa su gran preocupación por las posibilidades de los impactos ambientales que el proyecto tendría en el abastecimiento de agua de la ciudad de Lima", agregó.

De Echave, cofundador de la ONG CooperAcción, dijo que los riesgos son las "posibles filtraciones" en una zona donde hay, al menos, seis lagunas altoandinas y un depósito de relaves (desechos) que está a menos de 50 metros del túnel Trasandino.

"Las posibles filtraciones y los posibles impactos están incluso reconocidos en el propio Estudio de Impacto Ambiental, que son los que han generado preocupación en el propio servicio de agua potable de Lima", una ciudad con casi 10 millones de habitantes, precisó.

De Echave añadió que "lo que nos preocupa es que este proyecto se haya aprobado en esta zona de alto riesgo y también nos preocupa los antecedentes de la empresa", que, según contó, dejó otro proyecto minero abandonado en la zona de Quiruvilca, en la región de La Libertad, invadido luego por mineros informales.

Como responsable de la publicación del informe, De Echave dijo que estos hechos demuestran que Perú necesita "ordenar su territorio y buscar que los proyectos mineros no se ubiquen en zonas gravitantes para el tema del abastecimiento de agua".

De un total de 202 conflictos sociales durante 2018 en Perú, el 62,9 % respondieron a temas socio ambientales y de ellos un 65 % se trataron de quejas relacionadas a la minería, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

La región Ancash, vecina a Lima, tuvo el mayor número de conflictos sociales con 31, y el 42,8 % de su territorio está concesionado para la actividad minera, un porcentaje similar a las concesiones mineras en la región de Lima.

Los proyectos en fase de exploración en Ancash representan 20 millones de dólares y en fase de construcción suman 2.167 millones de dólares, indicó el reporte.