EFESan Salvador

Amnistía Internacional (AI) urgió este miércoles a las autoridades salvadoreñas llevar ante los tribunales a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil (1980-1992).

"Las autoridades salvadoreñas están obligadas a llevar a la justicia a toda persona sospechosa de ser responsable de las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el conflicto armado", indicó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.

Señaló que, de no apoyar a las víctimas, los funcionarios "se arriesgan a convertirse en cómplices de crímenes atroces".

Esta declaración se dio en el marco de la creación en el Congreso de una propuesta de "Ley de Reconciliación Nacional" para sustituir la ley de amnistía de 1993 anulada en julio de 2016.

"Los diputados de El Salvador no pueden dar la espalda a las víctimas de los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado", acotó Guevara Rosas.

Diversas organizaciones sociales han acusado a los diputados del Congreso de pretender amnistiar nuevamente los crímenes de guerra, pese a la prohibición establecida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en el referido fallo.

"Si los diputados aprueban una nueva ley que concede amnistía y garantiza la impunidad para violaciones de derechos humanos, lejos de asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, estarían burlándose de su dolor y pisoteando sus derechos", añadió la defensora de derechos.

Aseguró que "es inadmisible que en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992), se siga intentando permitir que los responsables de los crímenes cometidos en el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad".

El Congreso de El Salvador emitió en 1993 la ley de amnistía poco tiempo después de que se hiciera público el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

La anulación de esta ley permitió reabrir procesos penales por crímenes como el asesinato de los jesuitas, la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el homicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980).

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, acusó este lunes a los diputados del Congreso de buscar que se apruebe de forma "exprés" una nueva ley de amnistía.

Esto en referencia a un informe que recibió la Junta Directiva del Congreso sobre el trabajo de una comisión especial que analizó las "implicaciones" de la anulación de la ley de amnistía.