EFELa Paz

El Gobierno boliviano promulgó este lunes una ley de protección a víctimas de feminicidios e infanticidios que incluye entre otras disposiciones que ya no habrá detención domiciliaria para los presuntos responsables de estos hechos, no se permitirá la "revictimización" y se sancionará a jueces que retarden la justicia.

La norma se aprobó en un acto en la casa de Gobierno en La Paz en el que participaron el presidente de Bolivia, Luis Arce; el ministro de Justicia, Iván Lima, y la diputada oficialista Lidia Tupa, que preside la comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, entre otros.

"Hoy promulgamos una ley específica sobre este tipo de verdaderos crímenes que se cometen contra la humanidad y lo hacemos con la firme esperanza de que esta norma contribuya a la erradicación de estos actos inhumanos", expresó Arce en su discurso.

El mandatario enfatizó que es importante que los jueces trabajen en favor de la mujer y que "ya no tengan opciones para favorecer a los delincuentes".

Arce pidió "no más impunidad ni jueces prevaricadores", sino "una justicia sensible a esta problemática" y que permita sentar precedentes.

Además pidió a la militancia del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y a sus ministros que "muestren con el ejemplo" la "verdadera lucha contra la violencia" y que no haya "doble moral".

También destacó el trabajo que realizó una comisión de ministros creada hace unos meses para detectar casos donde los responsables de feminicidios e infanticidios han sido liberados y que permitió intervenir 18 juzgados, recapturar a 21 feminicidas e iniciar procesos contra 15 jueces que liberaron a los mismos.

LA LEY

El ministro Lima destacó que mediante la nueva norma, los presuntos responsables de feminicidios, infanticidios y violaciones ya no podrán beneficiarse con la detención domiciliaria, que en muchos casos la cumplían en la misma casa donde están sus víctimas.

Asimismo la ley establece que los jueces que decidan actuar "en contra de la Constitución" tendrán una pena de hasta 20 años de cárcel para evitar que la Justicia "favorezca a quienes cometan estos delitos".

También el delito de "consorcio" sube la pena máxima de cinco a 10 años de cárcel.

Lima informó que ya no se esperará el "auto de vista" cuando haya una sentencia que declare culpable a un agresor en esos tres delitos y que inmediatamente se cumplirá la condena.

Además los tribunales deberán emitir los "autos de vista" en un plazo de 10 días, en caso de incumplimiento se considerará "una falta grave" del funcionario y se les procesará penalmente por "retardación de justicia".

Los sentenciados por estos tres delitos tampoco podrán beneficiarse con la libertad condicional debido a enfermedades graves u otros.

Tampoco se permitirá la "revictimización" de las mujeres y niños que van a denunciar estos hechos y quienes incurran en esto tendrán "duras sanciones".

Lima indicó que también se estableció que la formación de jueces deberá contener "perspectiva de género en todas las materias".

LOS DATOS

La Fiscalía General del Estado informó que entre enero y junio de este año el país reportó 48 casos de feminicidio y 21 de infanticidio.

La mayoría de los feminicidios ocurrieron en La Paz, que registró 19 denuncias, seguida por Santa Cruz con 13 y Cochabamba con 8, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

La asfixia, los golpes o traumas y el uso de armas blancas o intoxicación por sustancias son las principales causas de estas muertes violentas de mujeres, indica la nota.

Los casos reportados en el primer semestre disminuyeron en comparación con los 60 registrados en el mismo periodo de 2021, agregó la Fiscalía.

En cuanto a los infanticidios son 21 víctimas, la mayoría en La Paz, y hay un incremento de casos respecto a 2021 cuando se reportaron 16 casos.

Bolivia declaró esta gestión como Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, con la finalidad de establecer soluciones estructurales para detener los persistentes casos de violencia contra las mujeres en Bolivia.