EFEBrasilia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este martes al Parlamento que "no deje morir" un decreto que sancionó en mayo pasado y flexibiliza la venta y el porte de armas, en momentos en que el Senado discute su posible anulación.

"Diputados y senadores. Ustedes van a discutir el decreto y la seguridad en el campo es una cosa importantísima", declaró Bolsonaro durante un acto en que el Gobierno anunció una línea de créditos por 225.000 millones de reales (unos 59.210 millones de dólares) para financiar la actividad de pequeños, medios y grandes agricultores.

Según el mandatario, "la vida es muy importante" y la iniciativa del Gobierno en relación a las armas apunta a "protegerla" frente a una violencia que cada año causa cerca de 60.000 muertes en el país.

"No dejen morir ese decreto en la Cámara de Diputados o en el Senado", porque "es muy importante para la seguridad" incluso de los propietarios rurales, que figuran entre muchos de los que pudieran portar armas si el Parlamento respalda esa medida, insistió.

La intención de Bolsonaro, sin embargo, puede empezar a naufragar esta misma semana en el Senado, que se apresta a decidir sobre un proyecto de la Comisión de Constitución y Justicia de esa cámara legislativa, que declaró "inconstitucional" el decreto.

Según esa comisión, el Gobierno no tiene potestad para decidir sobre una materia de esa naturaleza, que solo podría aprobarse en el Parlamento, lo cual será analizado en primera instancia por el pleno del Senado y luego por la Cámara de Diputados.

El decreto generó una ola de rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos, y está además pendiente de análisis en la Corte Suprema de Justicia, ante la que tanto la Fiscalía General como algunos partidos políticos lo han denunciado por su supuesta inconstitucionalidad.

La medida fue anunciada en mayo pasado por Bolsonaro, quien en la campaña electoral de 2018 tuvo entre sus banderas la liberación de las armas y la promoción de la "autodefensa" de la sociedad frente a la delincuencia.

Según el decreto, aún en vigor, entre los autorizados a portar armas están los políticos que ejerzan un cargo electivo, camioneros, periodistas volcados a la crónica policial, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, entre muchos otros, como cazadores y socios de clubes de tiro.