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Representantes de la Iglesia católica de Nicaragua urgieron este lunes el restablecimiento de las libertades constitucionales, como requisito indispensable para las próximas elecciones generales, en medio de la grave crisis sociopolítica que vive el país.

"Para tener unas elecciones legítimas, libres y confiables, es necesario el restablecimiento de las libertades civiles, de expresión y movilización", advirtió la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes.

El mensaje católico fue emitido de cara a las elecciones generales de 2021, o su eventual celebración anticipada, en un contexto de fuertes restricciones a la libertad de expresión, reunión, movilización, prensa e información.

Las restricciones incluyen la prohibición de toda expresión de rechazo hacia el presidente Daniel Ortega, su familia o su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como reunirse o marchar en grupo sin permiso, alzar la bandera de Nicaragua y cantar el himno del país.

La preocupación del clero también se da luego del anuncio de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, sobre reformas a la Ley Electoral sin consultar a los movimientos opositores.

La falta de consulta ha creado malestar en diversos sectores en Nicaragua, que sospechan que el Parlamento pretende establecer unas reformas "de maquillaje", que garanticen la permanencia en el poder por parte de Ortega, al que responsabilizan por la muerte, desaparición o encarcelamiento de cientos de personas desde la "insurrección cívica" de 2018.

La Arquidiócesis demandó "una sustancial reforma electoral, cambio de las autoridades electorales y amplia observación nacional e internacional" en los próximos comicios.

La solicitud de los religiosos coincide con la de los movimientos opositores, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

El Episcopado, que desde 2014 advirtió a Ortega de una crisis inminente debido a su estilo de Gobierno, ha insistido en estar "del lado de los más débiles", en referencia a la población que sufre ataques armados de las fuerzas estatales o de las llamadas "turbas sandinistas", por desaprobar al presidente.

"En este contexto nos solidarizamos con el dolor de las familias que sufren por sus presos políticos, desaparecidos, asediados, muertos y exiliados. Así como con todas las personas que sufren el desempleo y con los medios de información que continúan secuestrados o perseguidos", reiteró el clero.

Para los religiosos, "las futuras elecciones, sean adelantadas o no, abren una posibilidad constitucional y pacífica para sacar al país de la crisis", proceso que está "amenazada por protagonismos, ambiciones personales o de grupos".

Ortega se mantiene en el poder desde 2007, gracias a una interpretación de la Constitución y continuas reelecciones, que la oposición ha calificado de "fraudulentas".

Organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales han responsabilizado a Ortega por la violencia que ha dejado entre 328 y 684 muertos, desde abril de 2018, mientras el Gobierno reconoce 200 víctimas fatales y habla de un intento de "golpe de Estado".

Una crisis sangrienta no se vivía en Nicaragua desde los años 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.