EFENaciones Unidas

El Comité de Descolonización de la ONU aprobó hoy por consenso una nueva resolución que reconoce el derecho a Puerto Rico a su libre determinación e independencia, en una audiencia en la que el independentista Oscar López Rivera se dirigió por primera vez a ese foro, tras casi 36 años en prisión.

La resolución, la número 36 de este tipo que aprueba el comité, coauspiciada por Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Rusia y Siria, hace un nuevo llamamiento para que la Asamblea General de Naciones Unidas retome el caso político de Puerto Rico.

También "toma en cuenta con preocupación" la imposición en junio de 2016 de una junta fiscal en Puerto Rico, que afronta una crisis económica de más de 72.000 millones de dólares, "para ejercer poderes de control plenarios" sobre el gobierno de la isla.

Exhorta nuevamente a EE.UU. a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza su derecho a la libre determinación.

La embajadora de Cuba, Ana Silva Rodríguez, que presentó la resolución, afirmó que el caso colonial de Puerto Rico "no es un asunto interno de EE.UU." sino que compete al Comité de Descolonización.

El debate de las cerca de sesenta ponencias que escuchó el comité se centró en denunciar, por primera vez en la ONU, la imposición de la junta fiscal y la consulta no vinculante sobre el estatus de la isla que fue hecha el pasado 11 de junio.

López Rivera, que cumplió cerca de 36 años en prisión por sedición por sus vínculos con el clandestino grupo Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), fue recibido entre aplausos y de pie por los grupos independentistas y algunos embajadores.

El independentista aseguró a los miembros del Comité que su país "necesita ayuda" y pidió que eleve el caso del estatus político de la isla ante la Asamblea General "para poner fin a la colonización" por parte de EE.UU.

"El colonialismo es un crimen contra la humanidad", afirmó López Rivera, liberado el pasado mayo gracias al perdón presidencial de Barack Obama, que conmutó su sentencia de 70 años.

Por su parte, el secretario de Estado de la isla, Luis Rivera Marín, que habló a nombre del gobernador Ricardo Roselló, también criticó la imposición de la junta fiscal.

Destacó que desde que se aprobó la legislación que le creó, "el Congreso federal ha legislado, sin representación de los puertorriqueños, una Junta antidemocrática que tiene poderes sobre el gobierno electo".

"Si eso no es coloniaje, el derecho internacional no existe", agregó.

También llevó ante el Comité los resultados de la consulta no vinculante sobre el estatus de Puerto Rico, en la que el 97 por ciento de los votantes apoyaron la idea de convertir a la isla en un nuevo estado, aunque sólo votó el 23 por ciento de los electores.

"En las democracias, cuentan los que votan y ese fue el resultado inequívoco de nuestro pueblo. Es obligación de este Comité, así como del Gobierno de EE.UU., validar este proceso democrático que incluyó todas las alternativas posibles, incluyendo el indigno estatus territorial, colonial actual", argumentó. EFE

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