EFESan Salvador

La comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) de El Salvador teme que se dé un retroceso en las políticas públicas que les favorecen si la derecha gana las elecciones presidenciales de 2019, dijo a Efe la activista Bianka Rodríguez.

Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), señaló que el Ejecutivo, en manos del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, es el único órgano de Estado que intenta garantizar sus derechos.

"Aún existe resistencia en el órgano Legislativo y Judicial en reconocer los derechos que constitucionalmente tienen las personas LGBTI", apuntó la defensora de derechos humanos, quien señaló que en estos órganos de Estado se encuentran "diputados y magistrados de derecha que tienen cierto fundamentalismo religioso".

Pese a la existencia de esta "resistencia" en el Estado salvadoreño, Rodríguez no dudó en asegurar que en el país centroamericano "sí existen avances" en el respeto y garantía de sus derechos.

Entre estos avances destacó el lanzamiento de una "Política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la Atención de la Población LGBTI", que se aplica en siete instituciones del Gobierno.

Señaló que esta política ha permitido la realización de jornadas de "sensibilización" de los agentes de la Policía, señalados en varias ocasiones como uno de los principales responsables de los crímenes de odio contra las personas LGBTI.

En una entrevista con Efe en abril de 2016, la entonces directora de COMCAVIS-TRANS, Karla Avelar, aseguró que los cuerpos de seguridad y las pandillas eran los "principales asesinos" de miembros de la comunidad de la diversidad sexual.

Avelar, finalista para el Premio Martin Ennals de derechos humanos, se refugió en Irlanda por amenazas de muerte por parte de las pandillas en octubre de 2017.

Otras de las acciones del actual Gobierno destacadas por Rodríguez es la "atención especializada" a los miembros de la comunidad deportados, quienes "tienen necesidades especificas de protección" porque han huido del país para "salvaguardar su vida".

Para Rodríguez, estos avances "peligran" si la derecha, representada por los candidatos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), obtiene la victoria en las elecciones de febrero de 2019.

"Si llega a ganar la derecha, el reto para el próximo año será mantener esos avances en pie", acotó la activista transgénero, pese a que uno de los candidatos se ha mostrado cercano.

"Un candidato se ha mostrado un poco más abierto en algunas temáticas de derechos LGBTI y en otras no, y si su gobierno va a trabajar en la inclusión, no entiendo por qué quiere dejar derechos atrás", sostuvo Rodríguez, sin precisar el nombre.

Un sondeo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) da el 44,1 por ciento de las intenciones de voto a Gana, cuyo candidato es el exalcalde de la capital Nayib Bukele, una ventaja de entre 24,4 y 33,5 puntos porcentuales sobre sus dos principales contrincantes.

Bukele ostentó el gobierno capitalino bajo la bandera del FMLN, partido del que fue expulsado por supuestas agresiones verbales a una síndico de la Alcaldía, aunque él nunca reconoció la expulsión, sino que asegura que abandonó la formación por voluntad propia.

El estudio coloca a la opositora Arena, en coalición con otros tres partidos minoritarios y con el empresario de supermercados Carlos Calleja como candidato, en el segundo puesto con el 19,7 por ciento de las preferencias.

El tercer puesto es para el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuyo candidato es el excanciller Hugo Martínez, con el 10,6 por ciento en las intenciones de voto para el próximo 3 de febrero.

Por otra parte, Rodríguez señaló que "la inclusión de las personas LGBTI en temas políticos no existe" y que para acceder a alguna candidatura deben "mantener su orientación sexual en la clandestinidad" y apuntó que las mujeres transgénero no tienen ninguna apertura.

La activista explicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha contratado a unas 13 personas para "sensibilizar y educar" a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el país para que no les impidan votar.

Hugo Sánchez