EFEAsunción

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) observa una "violencia de alto impacto social" en tres departamentos del norte ante la presencia de grupos criminales armados y la política de militarización por parte del Estado en esa zona, donde es activa la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Así lo concluyó el informe presentado este viernes por Codehupy con base en los datos recabados por las 31 miembros de la Misión de Observación de DD.HH., que recorrió entre el 22 y el 26 de febrero los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.

El secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala, expuso que la situación de violencia ha ido "permaneciendo en el tiempo", con una "alta vulnerabilidad en ciudades como Concepción y Horqueta".

Ayala se refirió al actuar del EPP, que hace meses secuestró al exvicepresidente Óscar Denis, del que se desconoce su paradero, al igual que el del ganadero Felix Urbieta y el policía Edelio Morínigo, secuestrados años antes.

"Los fenómenos criminales asociados a la perpetración de los secuestros dejaron de ser hechos aislados, sino que por el contrario tienen un carácter sistemático en el departamento", subrayó Ayala en el acto, en Concepción, capital del mismo.

E instó al Estado a "trabajar en la prevención" ya que no existe "una resolución favorable de los sucesos que están en curso".

Asimismo señaló que el Estado, desde el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y el de Mario Abdo Benítez, ambos del conservador Partido Colorado, esté abordando la problemática del norte con "un énfasis fuertemente militar".

Para la Codehupy, la utilización de las Fuerzas Militares para resolver las cuestiones de seguridad interna "tiene impactos fuertemente negativos" y abogó por la "doctrina policial", al considerar que trata de "una tarea propia de la Policía Nacional".

Entre las repercusiones negativas de esa presencia militar se refirió a los acontecimientos de septiembre, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) mató a dos niñas menores de edad en un enfrentamiento con el EPP.

La Misión también observó una "criminalización" y "estigmatización" de organizaciones sociales y dirigentes campesinos por la relación de sus familiares con el EPP u otros grupos armados, o por ubicarse en lugares bajo esa influencia.

La directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Myrian González, que también ha participado en la elaboración del informe, apuntó las dificultades de los defensores de los Derechos Humanos para realizar su trabajo.

"Existe un clima de terror por el miedo a ser imputados arbitrariamente y ser acusados de ser simpatizantes o apoyos logísticos de grupos armados ilegales", comentó.

RETROCESOS EN SALUD Y EN EDUCACIÓN

Los observadores de Codehupy también recibieron en su recorrido quejas por la situación de la educación y la salud.

A pesar de que se observa un crecimiento de las infraestructuras del sistema sanitario, con la construcción de Unidades de Salud Familiar, "la percepción de la ciudadanía es diferente", según González.

"Sienten que la salud cada vez está más privatizada. Si sos pobre, te quedás por el camino", agregó.

A ello añadieron la sensación de desatención de los adultos mayores y las dificultades para acceder a las pensiones alimentarias y subsidios.

En cuanto a la educación, la situación de abandono de las escuelas, la precaria situación económica de las familias y la falta de carreteras elevan las tasas de deserción escolar.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

González destacó que las mujeres de la zona "están en la misma línea de lucha que los varones", a pesar de "ese clima de miedo e inseguridad".

Sin embargo, al margen de ese papel de "líderes de gran importancia" en la comunidad, de puertas para adentro la situación es distinta.

En los hogares se rigen por "la cultura tradicional que mantiene a las niñas, adolescentes y mujeres discriminadas" e imponen el silencio cuando son maltratadas.

"Son pocas las que denuncian debido a la insuficiencia de puntos de atención", precisó González, y evidenció la falta de oficinas de atención y prevención de la violencia por parte del Estado.

DESALOJOS FORZOSOS

La inseguridad en el norte también tiene entre sus víctimas a los campesinos y a los indígenas, según el informe.

Ayala recordó que los desalojos forzosos que se han dado en esta zona son "una práctica prohibida por el derecho internacional" y atenta contra "la obligación del Estado de garantizar los derechos de las personas".

La desvinculación de sus tierras, que a la vez son su herramienta de subsistencia, genera dificultad para pagar sus deudas y así pierden inmuebles, posesiones y "se agudiza la situación de desigualdad social y económica".

La Codehupy denunció la existencia de "inversiones vinculadas a empresas extractivas" que provocan "impacto social y ambiental de bastante riesgo para la población".