EFESan José

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó este martes los alegatos finales de las partes, en los que los demandantes afirmaron que la impunidad permanece en el caso de la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, ocurrida en un operativo policial y militar durante la dictadura en Argentina en 1976.

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, dijo en su intervención en el cierre de la audiencia ante la CorteIDH por este caso, que si bien se han realizado esfuerzos durante todos estos años por parte del Estado de Argentina, hay hechos que continúan en la impunidad.

"En las graves violaciones a los derechos humanos, los recursos internos que deben tomarse en cuenta es la sanción penal y la eventual sanción de los responsables. Luego de analizarlos se concluye que si bien hay algunas condenas en firme, parte de los hechos continúan en la impunidad", expresó Mantilla.

La representante de la CIDH detalló que a la fecha no se ha podido determinar lo que sucedió con Victoria y en el caso de Mario Roger, "si bien existen indicios de que sus restos estarían en el cementerio de San Martín", esto no ha sido corroborado".

"La desaparición forzada persiste hasta la fecha y se trata de un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado, planificado y coordinado", aseveró.

El caso se remonta al 26 de septiembre de 1976 cuando se llevó a cabo un operativo policial y militar en la casa de la familia Julien-Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Mario Roger Julien Cáceres, de nacionalidad uruguaya, se había refugiado en Argentina por motivos políticos en 1973 a consecuencia del golpe de Estado en Uruguay. Julien fue detenido ilegalmente, herido y visto por última vez el día del operativo militar, aparentemente muerto, según la demanda presentada ante la CorteIDH.

Por su parte, Victoria Grisonas fue también detenida ilegalmente, brutalmente golpeada a plena luz del día frente a su hijo y vecinos, y conducida al centro Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención y tortura utilizados en el marco de la Operación Cóndor, añade la denuncia.

Los hijos de la pareja, Anatole y Victoria, fueron trasladados clandestinamente a Chile y abandonados en una plaza en Valparaíso, donde posteriormente fueron adoptados. Su abuela paterna luego de años de intensa búsqueda los localizó y fueron los primeros niños desaparecidos recuperados.

"Se solicitó información que podría ser vital para los aspectos de la búsqueda (de restos) que ya llevaba en ese tiempo larga data y no lo hubo, jamás lo hubo. (...) Entendemos que en nuestro proceso en particular, estas anomalías fueron muchas, repetidas y se mantienen, ese es el motivo por el cual llegamos a esta instancia procesal", afirmó en los alegatos finales Anatole Larrabeiti Yáñez, apellidado así por sus padres adoptivos y quien actualmente es fiscal en Chile.

LA POSICIÓN DEL ESTADO ARGENTINO

Los representantes del Estado de Argentina reconocieron y repudiaron la enorme y singular victimatización que sufrió la familia Julien Grisonas por la actuación del terrorismo durante la dictadura, pero negaron que exista impunidad.

"No hay impunidad en el caso de la familia Julien Grisonas. Todos y cada uno de los perpetradores señalados como responsables de la desaparición de Anatole, Victoria y sus padres, han sido juzgados. Se han hecho todos los esfuerzos de acuerdo con los estándares científicos y tecnológicos para dar con el paradero de Victoria y se ha determinado el destino de Mario Julien", dijo la subsecretaria de protección de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Andrea Pochak.

En este segundo día de audiencia los jueces escucharon a la perita propuesta por el Estado, María José Guembe, quien destacó los esfuerzos de Argentina por reparar a las víctimas, así como al perito propuesto por la CIDH, que detalló aspectos técnicos y la coordinación represiva durante las dictaduras del Cono Sur.

Con el cierre de la audiencia, las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia en los siguientes meses.

María José Brenes