EFEBerlín

Un dictamen pericial presentado por el consorcio alemán RWE en el juicio por la demanda presentada por un agricultor peruano que responsabiliza del deterioro del entorno natural andino al gigante eléctrico ha despertado dudas sobre su independencia, informa hoy el semanario "Spiegel".

Según una investigación conjunta de esta publicación y la ONG británica SourceMaterial, el informe supuestamente independiente, en el que también participaron científicos de la Universidad Técnica de Aquisgrán, incluye una investigación preliminar financiada presuntamente por RWE con unos 100.000 euros.

En el proceso judicial en la Audiencia Territorial de Hamm (oeste de Alemania), que dura ya más de seis años, el agricultor peruano Saúl Luciano considera a RWE, el mayor emisor de CO2 de Europa, corresponsable del deshielo de los glaciares de Perú.

Luciano quiere lograr ante los tribunales que el consorcio asuma parte de los costes para proteger su ciudad, Huaraz, al pie de los Andes, de la amenaza de inundaciones, por ejemplo, mediante la construcción de una presa.

RWE, no obstante, duda de que exista un calentamiento regional en los Andes.

El controvertido dictamen pericial en el que se apoya RWE para cuestionar el peligro de inundaciones parece a primera vista independiente, señala "Spiegel".

Debajo del texto pone que no hubo financiación "externa" y sus autores descartan conflictos de intereses.

Sin embargo, uno de los autores acompaña el proceso como experto de RWE, por un honorario de 120 euros la hora, según SourceMaterial.

Por su parte, RWE y los autores del dictamen pericial sostienen que los trabajos preliminares financiados por la empresa y la adquisición y el análisis de los datos glaciares no influyeron en el estudio propiamente dicho, que se llevó a cabo, agregan, de forma independiente y no por encargo del consorcio alemán.

En este sentido, los autores consideran la acusación de conflicto de intereses de "infundada", indica "Spiegel".

El semanario agrega que otra cuestión que llama la atención en el proceso judicial son los costes para la toma de pruebas, elevados si se comparan con la cantidad en litigio de alrededor de 20.000 euros.

La semana pasada, el tribunal viajó a Perú con una delegación de ocho personas, incluida una médico alemana, a una cita in situ.

El demandante, que cuenta con el apoyo de la Stiftung Zukunftsfähigkeit (Fundación Sostenibilidad), ya ha tenido que pagar 320.000 euros por los gastos de viaje del tribunal y los honorarios previstos de los peritos.

El propio tribunal ha encargado ahora a expertos que examinen si la casa de Luciano está amenazada.