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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que en abril pasado promulgó una polémica ley estatal que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación, incluso en casos de violación o incesto, dijo este viernes que el Tribunal Supremo de EE.UU. "respondió a las oraciones de millones de estadounidenses" al anular la protección de este derecho reproductivo.

"Al interpretar correctamente la Constitución, la Corte Suprema ha respondido a las oraciones de millones y millones de estadounidenses", reaccionó así DeSantis ante el fallo del alto tribunal, cuya decisión permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe el derecho al aborto.

El Supremo estadounidense anuló hoy la sentencia conocida como "Roe versus Wade", acordada hace 49 años, que estableció el derecho constitucional al aborto en todo el país.

"Las oraciones de millones han sido respondidas. Durante casi 50 años, la Corte Suprema de los EE. UU. ha prohibido prácticamente cualquier protección provida significativa, pero esto no se basó en el texto, la historia o la estructura de la Constitución", señaló el gobernador republicano en un comunicado.

El pasado 14 de abril, DeSantis promulgó la HB 5, nombrada "Ley de Reducción de la Mortalidad Fetal e Infantil", que reduce de 24 a 15 semanas el periodo en que una mujer embarazada puede interrumpir legalmente su embarazo y solo contempla dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro y que el feto tenga malformaciones.

La nueva legislación establece que para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en los supuestos contemplados dos médicos deben certificar que es necesario, algo que los legisladores demócratas trataron de cambiar a solo un médico sin éxito.

Dos meses después de promulgada la ley floridana en medio de una gran controversia, el Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) pidió en una demanda que los tribunales impidieran que la prohibición entrase en vigor el próximo 1 de julio, al igual que lo hizo la congregación judía L'Dor Va-Dor, en su caso, por "violar los derechos de la libertad religiosa".

REACCIONES EN CONTRA DEL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Contra la decisión de la Corte Suprema se manifestó el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, quien expuso que se trata de "decisiones que deben tomar las mujeres junto con sus médicos, su familia, y Dios".

"Los demócratas creemos en la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones personales de la salud, y estamos comprometidos a luchar contra la interferencia del Gobierno en las decisiones de atención médica que tiene que tomar una mujer con su médico", sentenció Díaz.

Por su parte, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que la revocación de la Corte Suprema significa "un paso cruel hacia atrás para nuestra nación y su impacto se sentirá en las generaciones venideras".

"Lo que escuchamos hoy del Tribunal Supremo de nuestra nación no es un reflejo de los Estados Unidos que conocemos y amamos", añadió la regidora.

Sin embargo, los dos senadores de Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, expresaron, al igual que DeSantis, su apoyo a la decisión del Supremo.

"Hoy, la Corte interpretó correctamente la Constitución, defendió la dignidad humana y el principio fundacional del federalismo, y con razón declaró que no existe el derecho constitucional de poner fin a la vida de un niño por nacer", dijo Scott.

Rubio afirmó en un comunicado que "la decisión de hoy por parte de la Corte Suprema de permitir que los estados regulen el aborto fue constitucionalmente y moralmente correcta."

La decisión histórica del Tribunal Supremo de EE.UU. de anular la protección del derecho al aborto, vigente en este país desde 1973, permitirá ahora a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al "pueblo" y sus "representantes electos".

La decisión publicada hoy revoca tanto la sentencia "Roe versus Wade", como otra resolución de 1992, "Planned Parenthood versus Casey", que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.