EFELima

El Gobierno de Perú presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar con hasta 4 años de cárcel la filtración de información de una investigación penal, una iniciativa que desató una oleada de críticas de gremios periodísticos, que la consideran inconstitucional.

La propuesta legislativa, que plantea castigar la difusión de información reservada de una investigación penal, lleva la firma del presidente peruano, Pedro Castillo, y del primer ministro, Aníbal Torres, y fue enviada a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

"La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general", se lee en el documento, difundido por la prensa local.

El texto agrega que el predictamen también "busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social".

En concreto, el proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes, la sanción con pena privativa de libertad no será menor de 1 año ni mayor de 2.

En caso que la filtración sea cometida por un juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena oscilará entre los 2 y 3 años de cárcel, mientras que si cualquiera difunde directa o indirectamente la información a través de los medios de comunicación, la condena no será menor de 2 años de prisión ni mayor de 4.

Contra esta iniciativa, que había sido anunciada con anterioridad por el Gobierno, se pronunció la semana pasada la Defensoría del Pueblo, que solicitó al Ejecutivo descartar su presentación ante el Congreso al considerar que afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.

"Esta propuesta busca inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía", sostuvo el organismo, que calificó de "irrazonable" la eventual aprobación de una ley penal que afecte los derechos aludidos.

Agregó que la propuesta "amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público".

El proyecto también fue criticado por varios sectores periodísticos, que cuestionaron que surja en un contexto en que la Fiscalía y el Congreso investigan a Castillo por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión que están prófugos de la Justicia.

En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó que el proyecto busca "blindar a quienes hoy están involucrados en presuntos casos de corrupción" y pidió al Parlamento "no sumarse al juego" y frenar "esta medida oscurantista".

"Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación que es el presidente", coincidió en declaraciones a la emisora RPP el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Gustavo Gómez.

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, calificó de "inconstitucional" la propuesta del Gobierno, que interpretó como un "intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa".

"Es una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es un proyecto de ley que esperamos que el Congreso no legisle", concluyó Burgos en diálogo con la misma emisora.