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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 858 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La disolución de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados.

Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar.

El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, dijo en el pleno que con esas 100 ONG suman 659 las organizaciones sin fines de lucro canceladas en lo que va de este año. Y un total de 858 desde diciembre de 2018.

El legislador explicó que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento "de algo que estaba al garete", debido, dijo, a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.

Porras indicó que continuarán "con este trabajo de limpieza" bajo el argumento de que no pueden existir más de 6.000 ONG en Nicaragua "que no estén haciendo nada".

El titular del Parlamento también ha calificado a los organismos sin fines de lucro de "instrumentos del neoliberalismo", de haber "tomado auge en los gobiernos neoliberales" -en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007-, "precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo".

ONG HAN SIDO DESMANTELADAS TRAS PROTESTAS

El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.