EFERío de Janeiro

La Corte Suprema de Brasil le pidió a la Fiscalía que analice si procede la posibilidad de abrirle una investigación al presidente Jair Bolsonaro con base en una denuncia de líderes de la oposición que lo acusa de prevaricación por supuestamente sabotear la vacunación contra la covid de los niños.

La solicitud a la Fiscalía fue enviada este lunes por la magistrada Rosa Weber, una de las once integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, y supone un procedimiento convencional cada vez que la máxima corte recibe denuncias contra el jefe de Estado, informaron voceros del tribunal.

A partir del análisis que presente la Procuraduría General de la República (Fiscalía) sobre el asunto, Weber determinará si ordena o no el inicio de una investigación para verificar si Bolsonaro incurrió en el delito de prevaricación por supuestamente atrasar el proceso de vacunación anticovid de los menores de entre 5 y 11 años.

Según la denuncia presentada por la diputada socialista Tabata Amaral, el senador opositor Alessandro Vieira y el secretario de Educación de Río de Janeiro, Renan Ferreirinha, tanto Bolsonaro como su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, intentaron sabotear la campaña de vacunación de los niños.

Los denunciantes alegan que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) autorizó en diciembre el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar contra la covid a los cerca de 20,5 millones de brasileños de entre 5 y 11 años.

Agregan que, pese a la decisión del órgano técnico y regulador, que consideró la vacunación de los niños eficaz y segura, el jefe de Estado y su ministro pusieron en duda la autorización e intentaron atrasar la campaña de inmunización.

Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña y uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, llegó a solicitar la divulgación de los nombres de los directores de la Anvisa que habían autorizado la vacunación para que pudieran ser censurados públicamente, lo que generó hasta amenazas de muerte contra los funcionarios.

El mandatario, que ha dicho que será el último brasileño en vacunarse, igualmente puso en duda la seguridad de la vacunación de los niños; afirmó que no tenía noticias de menores muertos por covid en Brasil, pese a los más de 300 fallecimientos, y dijo que no autorizará que su hija de 11 años sea inmunizada.

El ministro de Salud, por su parte, decidió convocar una consulta pública y una audiencia pública para analizar la decisión de la Anvisa en un intento de cuestionar al regulador.

Tras los fallidos intentos de detener el proceso, el Ministerio de Salud finalmente incluyó a los menores de entre 5 y 11 años en el Programa Nacional de Vacunación contra la covid y anunció la distribución de los inmunizantes para dar inicio a la campaña.

El Código Penal Brasileño tipifica el crimen de prevaricación cuando un funcionario "retrasa o deja de practicar, indebidamente, un acto de oficio; o cuando lo practica contra la disposición expresa de la ley, para satisfacer interés o sentimiento personal".

Bolsonaro afronta al menos cinco investigaciones penales en el Supremo, que van desde posibles injerencias ilegales en la Policía Federal a una supuesta prevaricación en un caso de corrupción en la compra de vacunas anticovid o a la difusión de noticias falsas en internet.

El jefe de estado también enfrenta un proceso en el Tribunal Superior Electoral por sus ataques contra el sistema electrónico de votación. EFE

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