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La Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), implicada en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en marzo de 2016, dijo que la ONU debe evaluar de manera independiente el juicio antes de respaldar un "veredicto ilegal", dijo hoy su abogado Robert Amsterdam.

En un comunicado enviado a Efe, Amsterdam instó a la ONU a realizar una "evaluación independiente y exhaustiva" de los hechos subyacentes y las pruebas del juicio antes de emitir recomendaciones.

"Es muy preocupante ver a los relatores apresurarse en hacer declaraciones tan amplias y extensas sin citar ninguna evidencia que las apoye, especialmente cuando la transcripción completa del último juicio aún no se ha hecho pública", subrayó.

Esa es la respuesta de la empresa DESA a las declaraciones emitidas este viernes por la oficina del relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quienes solicitaron a Honduras que prosiga los procesamientos en el caso de Berta Cáceres.

"Les recordamos a los funcionarios de la ONU que, hasta el día del veredicto, tanto la acusación particular como la defensa se quejaron de fallos procesales graves y violaciones de derechos que se habían producido durante el juicio, y ahora, que los relatores acepten acríticamente el resultado y presuman sobre la legitimidad de los procedimientos es imprudente y perjudicial para el estado de derecho en Honduras", señaló Amsterdam.

La justicia de Honduras declaró el 30 de noviembre culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres.

Los siete acusados declarados culpables son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de la DESA; Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.

Las penas de prisión a las que serán condenados se conocerán el 10 de enero de 2019.

Amsterdam manifestó que cuando se publique el registro completo del tribunal de sentencia, el caso contra Rodríguez será "cuidadosamente examinado por expertos legales independientes".

"La sentencia contra el señor Rodríguez fue una farsa; una convicción injusta tras motivaciones políticas, que no cumplió con los más básicos estándares internacionales para un juicio justo", aseguró.

La defensa de DESA enfatizó que para lograr justicia en este crimen no se deben destruir el Estado de derecho ni el debido proceso.

"Simpatizo enormemente con la familia de Berta Cáceres, merecen justicia", destacó Amsterdam.

Sin embargo, considera que la "atribución de culpa y responsabilidad a DESA no solo es errónea, sino que no está respaldada por absolutamente ninguna evidencia concluyente".

Agregó que la ONU tiene "el deber de garantizar que se cumplan las normas básicas para un juicio justo", y señaló que los relatores "no deberían meterse en el negocio de respaldar veredictos de culpabilidad sin pruebas, simplemente porque los grupos de intereses privados se lo digan".

Según un documento publicado recientemente por Amsterdam sobre este caso, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres era coordinadora, "trató de engañar y manipular al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas".

"Los mensajes de texto intercambiados entre Cáceres y otro miembro de COPINH el 16 de octubre de 2015 demuestran que organizaron un plan para atraer a falsos manifestantes de los departamentos (hondureños) de Lempira y La Paz presentándolos como locales oponiéndose al proyecto Agua Zarca", añade.

Amsterdam destacó que el COPINH "fue deshonesto con la ONU entonces, y siguen siendo deshonestos ahora. Es por esta razón que es importante que los Relatores especiales intenten verificar de manera independiente los hechos en este juicio".

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país al que Berta Cáceres se oponía.