EFEGuatemala

Activistas de derechos humanos, indígenas y universitarios, aglutinados en la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, exigieron hoy diálogo y soluciones ante el "deterioro democrático" que a su juicio vive Guatemala.

Este ente, preocupado además por el "socavamiento de la institucionalidad pública y la grave exposición ciudadana a la violación de los derechos humanos", dijo que es necesario dar una respuesta justa y rápida a la demanda de significación salarial que ha hecho el gremio de salud y por el que han convocado varios paros.

"Frente a la situación actual es urgente un diálogo con resultados entre el Gobierno y los médicos de la salud pública del cual resulten acuerdos serios para una solución que salvaguarde la justa demanda del gremio médico, dote de insumos a los hospitales y se garantice de forma inmediata la atención en salud", agregó la Asamblea.

En la misma nota, expresó su preocupación por el "deterioro" de la seguridad ciudadana y los diversos crímenes de campesinos y activistas, y criticó al ministro de Interior, Enrique Degenhart, quien dijo que es "incapaz" de dar una solución y cuyas medidas sobre "despidos y ascensos" están socavando la carrera policial.

"Mientras el ministro de Gobernación dedica su tiempo a una tarea que deteriora y debilita la propia seguridad civil, los crímenes de dirigentes campesinos continúan, este es el caso del asesinato a mansalva de Alfredo Norberto Mazariegos Pinto en la Blanca San Marcos", recuerda el ente sobre este miembro del Comité de Unidad Campesina asesinado esta semana.

Y en esta crítica al "deterioro democrático" no faltan los diputados del Congreso, a quienes les piden abandonar "sus espurios intereses" y renunciar a la "deleznable pretensión de reformar leyes para su propio beneficio", como la reforma del delito de financiación electoral ilícita.

Además, le pide al Parlamento declarar "con lugar" los procesos de desafuero (antejuicios) en contra de los funcionarios públicos, incluido el presidente, Jimmy Morales, a quien la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron la semana pasada retirarle el fuero para que pueda ser investigado por un posible delito de financiamiento electoral ilícito.